Validación de incapacidades médicas pone en riesgo educación en Santander
La validación de incapacidades médicas en Santander podría retrasar el nombramiento de docentes reemplazos y afectar la continuidad de las clases.
La validación de incapacidades médicas en Santander podría retrasar el nombramiento de docentes reemplazos y afectar la continuidad de las clases.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La continuidad de las clases en Santander quedó bajo alerta por una nueva directriz del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.
La Secretaría de Educación advirtió que los cambios en la validación de incapacidades médicas podrían retrasar la llegada de docentes reemplazos y dejar a estudiantes sin atención académica en las aulas.
La preocupación surgió tras la entrada en vigor de la Circular 13 de 2026, que establece un mecanismo temporal para verificar incapacidades mediante la plataforma tecnológica HORUS.
Según las autoridades educativas del departamento, el procedimiento introduce nuevas cargas administrativas y dificulta la respuesta oportuna ante ausencias de maestros por enfermedad o licencias de maternidad.
La secretaria de Educación de Santander, Karina Araújo, afirmó que las entidades territoriales certificadas no tienen competencia para legalizar incapacidades médicas, función que corresponde al Fomag.
Explicó que, mientras ese trámite no esté validado, resulta imposible realizar nombramientos provisionales para cubrir las vacantes temporales.
La funcionaria señaló que las seis entidades territoriales certificadas del departamento enviaron una solicitud formal al Gobierno Nacional y al Fomag para revisar la medida y evitar afectaciones en las instituciones educativas.
La preocupación aumentó tras un reciente informe de la Superintendencia Nacional de Salud que reportó presuntas inconsistencias financieras y demoras de hasta 160 días en algunos servicios dirigidos al magisterio.
La Secretaría reiteró que la prioridad es proteger el derecho a la educación y garantizar que ningún estudiante vea interrumpido su proceso académico por trámites administrativos.
