¿Un nuevo elefante blanco en Santander? Obra del Hospital de San Andrés se encuentra suspendida, con retrasos, sobrecostos y denuncias ciudadanas
La obra del nuevo Hospital San José de San Andrés está suspendida, con 43% de retraso, modificaciones no aprobadas y dudas sobre sobrecostos y manejo de recursos.
La obra del nuevo Hospital San José de San Andrés está suspendida, con 43% de retraso, modificaciones no aprobadas y dudas sobre sobrecostos y manejo de recursos.
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Las estructuras inconclusas, el retraso de casi la mitad del cronograma, las modificaciones no aprobadas y la incertidumbre sobre el costo final del proyecto han encendido las alarmas en la comunidad. Lo que en 2023 fue presentado como una solución histórica para fortalecer la atención médica del municipio, hoy enfrenta el riesgo de convertirse en una de las obras más cuestionadas de los últimos años en Santander.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Lo que hace tres años fue presentado como una de las inversiones más importantes para la salud del municipio de San Andrés, en la provincia García Rovira, hoy se ha convertido en motivo de preocupación para la comunidad.
La construcción del nuevo Hospital San José, financiada con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social por más de $16.258 millones, permanece suspendida desde el pasado 30 de abril de 2026, registra un retraso cercano al 43 % frente al cronograma contractual y enfrenta cuestionamientos por modificaciones al proyecto original, millonarios sobrecostos y el manejo del anticipo entregado al contratista.
Mientras el Ministerio de Salud exige aclaraciones técnicas y se niega a aprobar cambios que alteran el alcance de la obra inicialmente viabilizada, integrantes de la veeduría ciudadana anunciaron acciones ante los organismos de control y una acción popular para exigir que el hospital sea terminado bajo las condiciones originales.
Prometía transformar la
salud de García Rovira
El 28 de abril de 2023, el Ministerio de Salud viabilizó oficialmente el proyecto de construcción del nuevo Hospital San José de San Andrés por un valor de $16.258.450.511.
La iniciativa contemplaba la construcción de 4.188 metros cuadrados de infraestructura hospitalaria y fue concebida para fortalecer la atención médica de más de 8.400 habitantes del municipio y de sectores vecinos de la provincia. Tres meses después, el 28 de julio de 2023, el Gobierno Nacional giró los recursos al hospital para iniciar el proceso de contratación.
La ejecución quedó bajo responsabilidad de la ESE Hospital San José, con acompañamiento de la Alcaldía de San Andrés, la Gobernación de Santander y la Secretaría Departamental de Salud.
Sin embargo, según cuestionamientos formulados por integrantes de la veeduría ciudadana, entre julio y diciembre de 2023 la junta directiva del hospital realizó modificaciones al manual de contratación que otorgaron amplias facultades a la gerencia para adelantar el proceso contractual.
Para los ciudadanos que hoy hacen seguimiento a la obra, durante esa etapa faltó un control político oportuno por parte del Concejo Municipal y de los demás organismos encargados de vigilar el proyecto.
Un único oferente y las primeras alertas
Entre finales de 2023 y comienzos de 2024 se adjudicó el contrato de construcción. Según las denuncias expuestas por la veeduría, el proceso terminó siendo adjudicado a un único proponente.
Los voceros ciudadanos también han señalado que el contratista estaría relacionado con otros proyectos cuestionados en diferentes regiones del país, afirmación que deberá ser establecida por las autoridades competentes.
Adicionalmente, sostienen que una vez adjudicada la obra se modificaron precios y cantidades de materiales frente a los valores inicialmente aprobados por el Ministerio de Salud.
De acuerdo con las denuncias, algunos insumos habrían incrementado significativamente su valor mientras se reducían cantidades contempladas en el diseño original. La obra inició formalmente en febrero de 2024 con un plazo de ejecución de 36 meses. Sin embargo, durante la mesa de seguimiento realizada el 2 de junio de 2026, el Ministerio de Salud presentó cifras que encendieron las alarmas.
El informe oficial reveló que el proyecto debía encontrarse ejecutado en un 94,33 %, pero el avance físico apenas alcanza el 53,31 %. En materia financiera, la ejecución llega solamente al 46,39 %.
La diferencia entre el cronograma previsto y la realidad representa uno de los mayores retrasos registrados actualmente en proyectos hospitalarios financiados con recursos nacionales en Santander.
Incluso el ingeniero Camilo Cifuentes, delegado del Ministerio de Salud, manifestó preocupación por el rezago evidenciado durante las visitas de seguimiento realizadas a la obra.
El proyecto quedó suspendido
Desde el 30 de abril de 2026 la construcción permanece detenida. La suspensión fue prorrogada mientras el Ministerio revisa las observaciones técnicas existentes y evalúa la documentación presentada por la ESE Hospital San José.
El gerente del hospital, Fabián Rojas, manifestó durante la mesa de trabajo que las obras no serán reiniciadas hasta cumplir con todos los requerimientos formulados por la cartera nacional.
Las visitas de inspección realizadas por el Ministerio confirmaron que actualmente no se adelantan trabajos en el sitio.
Uno de los aspectos que más preocupación genera en la comunidad corresponde a la denominada Modificación Número 3 presentada durante la ejecución. Según la información conocida en la mesa de seguimiento, con los mismos $16.258 millones inicialmente aprobados ya no se construirían los 4.188 metros cuadrados contemplados en el proyecto original.
La nueva propuesta reduciría el alcance a cerca de 2.100 metros cuadrados, es decir, aproximadamente la mitad de la infraestructura inicialmente prometida. La situación fue comparada por integrantes de la veeduría con una persona que contrata la construcción de una casa completa y, a mitad del proceso, recibe la noticia de que solo le entregarán la mitad de la vivienda.
El Ministerio de Salud advirtió que las modificaciones realizadas afectan áreas, espacios y costos del proyecto aprobado inicialmente y reiteró que cualquier cambio debe ser previamente viabilizado desde el punto de vista técnico.
Hasta el momento, la entidad nacional no ha aprobado esas modificaciones. Otro de los puntos más delicados tiene que ver con el manejo del anticipo. Al contratista se le entregó el 40 % del valor del contrato, equivalente a $6.178 millones.
Según lo expuesto por el gerente del hospital ante el Concejo Municipal, cerca de $3.100 millones correspondientes a esos recursos aún no tendrían una justificación plenamente soportada.
La cifra ha generado preocupación entre los integrantes de la veeduría, quienes exigen claridad sobre la destinación de esos recursos. Entre las situaciones denunciadas aparece el incremento de precios de algunos elementos. Según los ciudadanos, un tablero inicialmente presupuestado en aproximadamente $2 millones habría terminado costando cerca de $40 millones.
Estas situaciones hacen parte de las denuncias ciudadanas y deberán ser esclarecidas por los organismos de control.
Piden otros $8.000 millones
La controversia aumentó aún más cuando se conoció que la gerencia del hospital y el contratista solicitaron recursos adicionales por aproximadamente $8.000 millones para culminar el 100 % de la infraestructura.
Es decir, una obra inicialmente financiada por $16.258 millones podría terminar costando más de $24.000 millones. La solicitud aún se encuentra bajo análisis y constituye uno de los principales puntos de discusión entre el Ministerio y las autoridades locales.
Ante el panorama actual, los integrantes de la veeduría ciudadana anunciaron dos acciones jurídicas. La primera consiste en poner en conocimiento de los organismos de control las presuntas irregularidades detectadas durante la ejecución del proyecto.
La segunda corresponde a la presentación de una acción popular para solicitar que un juez ordene culminar la totalidad de la obra bajo las condiciones inicialmente aprobadas por el Ministerio de Salud.
Para los líderes comunitarios, lo que está en juego no es únicamente una construcción, sino el derecho a la salud de miles de habitantes de San Andrés y de toda la provincia García Rovira.