Tras atentado con granada en Bucaramanga, refuerzan seguridad en las cárceles de Santander
Tras la detonación de una granada cerca de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, las autoridades reforzaron la seguridad en las cárceles de Santander mientras avanzan las investigaciones.
Tras la detonación de una granada cerca de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, las autoridades reforzaron la seguridad en las cárceles de Santander mientras avanzan las investigaciones.
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La explosión de una granada en inmediaciones de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga encendió las alarmas sobre la seguridad de los establecimientos penitenciarios de Santander. Tras el ataque ocurrido la noche del martes 27 de octubre, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles alrededor de las cárceles del departamento.
El artefacto detonó cerca de la garita número 7 del centro penitenciario, ubicado en el sector de Chimitá. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, no hubo personas heridas, aunque se registraron daños en una puerta externa del establecimiento.
Tras la emergencia, unidades antiexplosivos, investigadores de la Sijín y personal de inteligencia policial iniciaron las labores para establecer las circunstancias del ataque e identificar a quienes estarían detrás de la detonación.
El atentado se produjo en medio de las denuncias por intimidaciones contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), situación que también involucra a la Cárcel Modelo de Bucaramanga y al establecimiento de Palogordo, en Girón.
Un funcionario penitenciario advirtió, en declaraciones a Blu Radio, que las amenazas denunciadas durante los últimos meses estarían escalando hacia acciones violentas. Sin embargo, las autoridades aún deben establecer si el ataque con explosivos está relacionado con esas intimidaciones.
La Gobernación de Santander rechazó lo ocurrido y anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en los alrededores de los centros carcelarios.
Además, continúa vigente una recompensa de hasta $100 millones por información que permita esclarecer hechos violentos e identificar a sus responsables.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan evitar nuevas agresiones contra el personal penitenciario y determinar si la detonación fue una acción aislada o parte de una amenaza más amplia contra el sistema carcelario del departamento.