Tensión, enfrentamientos y reclamo institucional marcaron la mesa sobre Santurbán en Bucaramanga

Gobernación de Santander pidió aplazar el encuentro convocado por el Ministerio de Ambiente mientras comunidades de Soto Norte denunciaron falta de garantías para la participación. La jornada en Neomundo estuvo marcada por momentos de alta tensión, enfrentamientos verbales y denuncias de agresiones entre sectores enfrentados por el futuro del páramo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - redacción Política / EL FRENTE

Lo que debía convertirse en un escenario de concertación para avanzar en la nueva delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín terminó convirtiéndose en una de las jornadas más tensas que ha vivido este proceso ambiental durante los últimos años.

La mesa convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para este sábado 4 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo, en Bucaramanga, estuvo precedida por fuertes cuestionamientos de comunidades campesinas y mineras de Soto Norte, advertencias de la Gobernación de Santander sobre la falta de garantías para una participación efectiva y un ambiente de profunda polarización entre organizaciones ambientalistas y habitantes de los municipios directamente afectados por la futura delimitación.

Durante la jornada se registraron momentos de alta tensión y confrontaciones entre integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y representantes de las comunidades de Soto Norte que acudieron al escenario para expresar su rechazo a lo que consideran una "delimitación exprés". Diversos asistentes denunciaron agresiones verbales, empujones e intentos de impedir la intervención de algunos participantes, hechos que incrementaron el ambiente de confrontación que desde hace varios días rodeaba la convocatoria. En contraste, el Comité para la Defensa del Agua también había advertido previamente sobre el riesgo de alteraciones del orden y había solicitado a las autoridades garantizar una participación pacífica durante la jornada.

La tensión no surgió de manera espontánea. Durante toda la semana previa, tanto organizaciones ambientalistas como representantes de pequeños mineros y comunidades de Soto Norte realizaron llamados públicos para asistir masivamente a Neomundo.

Mientras el Comité para la Defensa del Agua convocó a la ciudadanía a respaldar la protección integral del páramo, las comunidades mineras denunciaban que el Gobierno Nacional pretendía dejar definida la delimitación en las últimas semanas de la administración saliente, sin cumplir plenamente los criterios de participación establecidos por la Corte Constitucional.

La carta de la Gobernación

En medio de ese escenario, y atendiendo las solicitudes formuladas por cerca de 30 organizaciones sociales y 130 Juntas de Acción Comunal de Soto Norte y Bucaramanga, el gobernador encargado de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, remitió una comunicación oficial a la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, solicitando el aplazamiento de la mesa de concertación.

Lejos de representar una oposición al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, la administración departamental explicó que su petición buscaba precisamente garantizar que el proceso se desarrollara conforme a los principios constitucionales de participación ciudadana, buena fe, coordinación institucional, concurrencia y respeto por la autonomía territorial.

En el documento, la Gobernación recordó que la Corte Constitucional fue clara al ordenar que la nueva delimitación debía construirse mediante un proceso de participación amplio, informado, deliberativo, incidente y previamente preparado, de manera que las observaciones formuladas por las comunidades realmente pudieran influir en la decisión administrativa final.

Según la comunicación oficial, la convocatoria realizada por el Ministerio se efectuó con un tiempo insuficiente frente a la enorme complejidad técnica, jurídica, económica, ambiental y social que representa la delimitación del páramo.

La administración departamental advirtió que esta decisión no constituye un simple trámite administrativo, sino una determinación con efectos directos sobre los planes de ordenamiento territorial, el desarrollo económico, la minería tradicional, la actividad agropecuaria, la prestación de servicios públicos, la conservación ambiental y los derechos de miles de familias que habitan la provincia de Soto Norte.

Por ello, sostuvo que tanto las autoridades territoriales como las comunidades requerían contar previamente con información técnica suficiente, espacios de análisis institucional y tiempos razonables para evaluar los distintos escenarios antes de participar en una mesa de concertación.

"La participación no puede reducirse únicamente a una invitación formal para asistir a una reunión", señala el documento remitido al Ministerio.

Cuatro solicitudes concretas

En su comunicación, la Gobernación de Santander formuló cuatro peticiones específicas al Ministerio de Ambiente.

La primera consistió en aplazar la mesa de concertación prevista para el 4 de julio. La segunda, convocar una reunión preparatoria entre el Ministerio, la Gobernación, la Alcaldía de Bucaramanga y los organismos de control para definir conjuntamente la metodología y el cronograma del proceso participativo.

La tercera solicitud plantea socializar previamente con las comunidades toda la metodología que regirá las etapas restantes de la delimitación.

Finalmente, pidió garantizar procesos suficientes de acceso a la información técnica y jornadas pedagógicas antes de iniciar cualquier fase definitiva de concertación.

La administración departamental reiteró además su disposición de colaborar con el Gobierno Nacional para cumplir la orden impartida por la Corte Constitucional, siempre que el procedimiento garantice legitimidad democrática, seguridad jurídica y reduzca el riesgo de futuras controversias administrativas o judiciales.

Un conflicto que venía escalando

Durante los últimos días, las organizaciones comunales de Soto Norte anunciaron oficialmente una declaratoria de desobediencia civil pacífica y el rompimiento de relaciones institucionales con el Ministerio de Ambiente hasta la posesión del nuevo Gobierno Nacional.

Las comunidades sostienen que la administración saliente intenta resolver en menos de un mes un proceso que permaneció sin definición durante casi nueve años, desconociendo, según afirman, los principios de participación efectiva establecidos por la Corte Constitucional y el Acuerdo de Escazú.

Por su parte, el Comité para la Defensa del Agua rechazó esos señalamientos y sostuvo que el proceso de delimitación no corresponde a una decisión improvisada, sino a una obligación judicial que viene desarrollándose desde hace ocho años. También negó las acusaciones sobre una supuesta "delimitación exprés" e hizo un llamado para que la ciudadanía participara pacíficamente en defensa del páramo y del abastecimiento de agua para el área metropolitana de Bucaramanga.

Un proceso que sigue abierto

La delimitación del complejo Jurisdicciones Santurbán-Berlín continúa siendo uno de los procesos ambientales más sensibles del país. Mientras los sectores ambientalistas insisten en la necesidad de proteger integralmente el ecosistema estratégico que abastece de agua a millones de personas, las comunidades de Soto Norte reclaman garantías para que cualquier decisión también tenga en cuenta la permanencia de la población, la minería tradicional, las actividades agropecuarias y el desarrollo económico de la provincia.

La jornada vivida este sábado en Neomundo dejó en evidencia que, más allá de las diferencias técnicas y jurídicas, el principal desafío sigue siendo construir un verdadero escenario de concertación donde todas las voces puedan participar con garantías, sin intimidaciones, agresiones ni descalificaciones, tal como lo exige la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.