Suspenden concejal en Santander por agarrarse a gritos con un secretario del despacho

La decisión de la Procuraduría envía un mensaje claro a los servidores del Estado: la palabra, cuando se ejerce desde una investidura pública, no solo tiene peso político, sino también consecuencias disciplinarias.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación impuso una suspensión de tres meses al concejal Óscar Duarte Mantilla, tras concluir una investigación en la que se determinó que incurrió en un trato irrespetuoso contra otro servidor público durante una sesión virtual realizada en 2021.

La decisión fue adoptada en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, que determinó que el cabildante vulneró los principios de respeto, rectitud e imparcialidad que deben regir el comportamiento de todos los funcionarios del Estado, incluso en escenarios de debate y confrontación política.

Los hechos se remontan a una sesión virtual del Concejo Municipal en la que se adelantaba un debate de control político al entonces secretario de Tránsito y Transporte de El Socorro, Javier Cala. Durante la jornada, el concejal cuestionó presuntas irregularidades en procedimientos adelantados por esa dependencia.

Sin embargo, según estableció el Ministerio Público, la discusión fue subiendo de tono hasta derivar en expresiones consideradas desobligantes e incompatibles con el decoro exigido a los servidores públicos.

Entre las frases incluidas en el expediente disciplinario figura la siguiente intervención del concejal: “A ver señor secretario, usted no sea igualado, no venga aquí a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer… No venga aquí a faltarnos al respeto”.

Para la Procuraduría, estas palabras constituyeron un comportamiento contrario a la moralidad administrativa y al deber de mantener un trato digno y respetuoso hacia las personas con las que existe relación de servicio.

El intercambio verbal entre el concejal y el funcionario se intensificó a medida que avanzaba el debate. Duarte Mantilla insistió en que el secretario no respondía con claridad a las inquietudes formuladas por los integrantes del Concejo, mientras la tensión iba alterando el desarrollo normal de la reunión.

La confrontación alcanzó tal nivel que la sesión virtual debió ser suspendida, un hecho que fue incorporado al proceso disciplinario como evidencia del impacto institucional que tuvo el episodio.

En su análisis, la Procuraduría sostuvo que el derecho a ejercer control político no autoriza a los funcionarios a utilizar expresiones ofensivas o despectivas. Por el contrario, enfatizó que la crítica y la fiscalización deben realizarse dentro de los límites del respeto y la institucionalidad.

El Ministerio Público calificó la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías disciplinarias más severas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano.

De acuerdo con el fallo, Óscar Duarte Mantilla incumplió el deber funcional de actuar con moralidad y de preservar relaciones respetuosas con otros servidores públicos, incluso en medio de debates intensos o desacuerdos administrativos.

La sanción impuesta consiste en una suspensión de tres meses en el ejercicio del cargo, decisión que marca un precedente sobre los límites del lenguaje y el comportamiento que deben observar los miembros de corporaciones públicas en el ejercicio de sus funciones.

El caso pone de relieve que la vehemencia política no puede desbordar las normas básicas de respeto institucional. En escenarios donde se discuten asuntos sensibles para la ciudadanía, el control político debe ser firme y riguroso, pero también ajustado a la cortesía y a la dignidad que exige el servicio público.