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Superintendencia con la lupa puesta en la Salud de Bucaramanga

La Supersalud inspecciona la Clínica Foscal, audita a la Secretaría de Salud y hace seguimiento a deudas de EPS que afectan la atención en Bucaramanga.

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Superintendencia con la lupa puesta en la Salud de Bucaramanga
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Delegado del ente de control llegó a revisar caso Foscal en Bucaramanga

Tres procesos continúan bajo seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y sus resultados podrían derivar en decisiones administrativas, correctivos institucionales o nuevas acciones de vigilancia dentro del sistema sanitario regional.

La  grave denuncia por una posible amputación, una auditoría por presuntas fallas en el control de establecimientos clandestinos y la crisis financiera que golpea a clínicas y hospitales pusieron bajo la lupa al sistema de salud de Bucaramanga.

Durante su visita a la ciudad, el delegado para Entidades Territoriales de la Superintendencia Nacional de Salud, Juan David Duque (foto), confirmó actuaciones en estos tres frentes y anunció revisiones para establecer responsabilidades, verificar el cumplimiento de los protocolos legales y proteger los derechos de los pacientes.

Los anuncios surgieron en un momento de creciente preocupación por la calidad de la atención médica, la proliferación de servicios irregulares y las dificultades económicas que afrontan varias instituciones prestadoras de salud de la capital santandereana y su Área Metropolitana.

Inspección en la Clínica

Foscal por el caso ‘Gaby’

La Superintendencia Nacional de Salud abrió una inspección en la Clínica Foscal tras la denuncia de una paciente identificada como Gaby, quien afirmó que, después de una cirugía, quedó con material quirúrgico alojado en una de sus piernas y posteriormente recibió una recomendación médica de amputación.

La mujer aseguró que varios exámenes confirmaron la presencia de un cuerpo extraño en la extremidad y que una junta médica consideró viable extraerlo. Sin embargo, el procedimiento no se hizo y, según su relato, la alternativa planteada terminó siendo la amputación parcial de la pierna.

Ante la gravedad del caso, la entidad desplazó un equipo de inspección para revisar la historia clínica, verificar la atención recibida y determinar si existieron fallas en el proceso asistencial.

“La orden del superintendente Daniel Quintero fue clara: realizar una inspección y vigilancia a la Clínica Foscal. Los equipos de la Superintendencia revisan en detalle la denuncia de la paciente para garantizar su derecho a la salud con vida digna”, dijo Juan David Duque.

El funcionario precisó que la entidad examina todos los procedimientos aplicados a la paciente para establecer si el centro asistencial cumplió los protocolos exigidos y el debido proceso médico.

Auditoría a la SecreSalud por

inspección a clínicas ilegales

Otro de los frentes abiertos corresponde a la auditoría que la Superintendencia adelanta a la Secretaría de Salud de Bucaramanga por presuntas deficiencias en la identificación y cierre de establecimientos que prestan servicios médicos sin autorización.

La investigación de la  Superintendencia surgió después de varias denuncias ciudadanas relacionadas con centros que operan al margen de la normatividad sanitaria. Según la entidad, uno de esos establecimientos ya fue sellado en operativos recientes.

La auditoría abarcará actuaciones realizadas durante 2025 y el primer semestre de 2026, tanto de la administración actual como de la anterior. Los resultados serán divulgados el próximo 4 de agosto.

“Hemos identificado que muchas secretarías de salud en el país no ejecutan procesos efectivos de búsquedas activas. Por esa razón iniciamos un plan nacional de auditorías y ahora Bucaramanga hace parte de esa revisión para verificar el cumplimiento de su obligación de detectar y cerrar establecimientos clandestinos”, señaló Duque.

El delegado agregó que existen otros casos bajo seguimiento, aunque aclaró que la Superintendencia no divulgará nombres hasta concluir las verificaciones correspondientes. También insistió en que los servicios ilegales representan un riesgo para la vida y la integridad de los usuarios.

Asimismo, explicó que la revisión busca establecer si las autoridades sanitarias locales ejercieron de manera adecuada sus funciones de inspección, vigilancia y control frente a establecimientos que prestan procedimientos médicos o estéticos sin cumplir las exigencias legales.

La entidad evaluará documentos, actuaciones administrativas y resultados de las visitas efectuadas durante el periodo auditado.

Seguimiento a deudas de las  

EPS con hospitales y clínicas

La Superintendencia también abordó la preocupación de las instituciones prestadoras de salud por las millonarias deudas acumuladas por algunas EPS. La situación afecta a clínicas y hospitales públicos y privados, entre ellos la Clínica Foscal, mientras otras entidades han advertido sobre la suspensión de algunos servicios ante la falta de pago.

Durante el pronunciamiento, Duque se refirió a los casos de Nueva EPS y Sanitas y explicó que la entidad mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento financiero de las aseguradoras.

“Hemos realizado un seguimiento riguroso para verificar la forma en que se efectúan los pagos y establecer si existe alguna irregularidad. Además, mantenemos acompañamiento a los prestadores de servicios de salud para garantizar que los ciudadanos reciban atención digna y oportuna”, expresó el delegado para Entidades Territoriales de la Superintendencia Nacional de Salud, Juan David Duque.

El funcionario aclaró que la Superintendencia no puede ordenar a una EPS pagar de manera prioritaria a un prestador específico, ya que ello implicaría intervenir directamente en decisiones administrativas y financieras de entidades que cuentan con autonomía operativa.

Reiteró que la entidad mantiene monitoreo constante sobre las obligaciones económicas del sistema y sobre los efectos que estas deudas generan en la continuidad de los servicios médicos.

También indicó que el seguimiento busca identificar posibles incumplimientos y verificar que las dificultades financieras no terminen por afectar el acceso de los usuarios a consultas, tratamientos, procedimientos especializados o atención hospitalaria.