Sin medidas cautelares continúa acción popular por agua en Barichara

El Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud de medidas cautelares de urgencia dentro de la acción popular interpuesta por la crisis de desabastecimiento y calidad del agua en Barichara, Villanueva y Cabrera.

Aunque la decisión no frena el trámite ordinario del proceso judicial, el despacho fijó un plazo de 20 días para que las diez entidades públicas y ambientales demandadas construyan un marco de trabajo conjunto frente a la problemática.

Para sustentar la negativa de las cautelares, el magistrado argumentó que adoptar órdenes restrictivas en esta etapa inicial podría anticipar conclusiones que solo deben definirse mediante una etapa probatoria más amplia. El Tribunal enfatizó que el proceso requiere incorporar estudios detallados, la información de los procesos de vigilancia sanitaria y los controles vigentes para establecer con claridad cómo funciona la cadena de suministro desde la captación hasta el consumo.

Si bien el despacho reconoció situaciones particulares —como un nivel de riesgo calificado como “Inviable sanitariamente” por suministro de agua cruda en algunos sectores rurales administrados por Acuascoop—, advirtió que es necesario agotar el análisis de fondo para determinar el alcance real de las obligaciones de cada una de las entidades vinculadas.

La decisión no dejó conforme a la Veeduría del Agua de Barichara. Su representante, Juan Carlos Rey, cuestionó que desde la activación del trámite en enero de 2026 no se hayan materializado soluciones estructurales por parte de entidades nacionales como la Presidencia o el Ministerio de Vivienda.

El fondo del conflicto sigue siendo la financiación; mientras un acueducto definitivo superaría los $37.000 millones de pesos, existen dos proyectos prioritarios en fase de aprobación por $3.000 millones y $12.600 millones para optimizar las plantas de tratamiento, cuyos recursos aún no han sido confirmados por las autoridades nacionales o departamentales.