Siete capturados por extraer oro ilegalmente de una quebrada en Bucaramanga
Siete personas fueron capturadas en Bucaramanga por extraer oro ilegalmente en la quebrada Chapinero, sin permisos ambientales, en un operativo policial.
Siete personas fueron capturadas en Bucaramanga por extraer oro ilegalmente en la quebrada Chapinero, sin permisos ambientales, en un operativo policial.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Lo que sería una operación de extracción ilegal de oro en plena zona rural de Bucaramanga terminó con siete personas capturadas durante un procedimiento adelantado por la Policía Metropolitana.
El operativo se desarrolló en inmediaciones de la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, donde uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (SECAR) sorprendieron a varias personas realizando labores de remoción de la capa vegetal, socavación y debilitamiento del talud para extraer material aurífero.
Según la Policía, los implicados no contaban con los permisos ambientales correspondientes de la CDMB, por lo que fueron capturados por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
Entre los detenidos se encuentra un hombre que, de acuerdo con las verificaciones realizadas por los investigadores, sería reincidente y estaría relacionado con anteriores actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en este mismo sector.
Durante la intervención fueron incautados los elementos que presuntamente eran utilizados para la extracción: una motobomba, seis picas, un azadón, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación.
La Policía señaló que la operación permitió detener las actividades y evitar que continuaran las afectaciones sobre la quebrada Chapinero y los recursos naturales del sector.
Los siete capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez de control de garantías quien determine su situación jurídica.
La Policía pidió a la ciudadanía reportar actividades que puedan estar afectando las fuentes hídricas y el medioambiente.
