Se emberracaron en Barrancabermeja por la ausencia del alcalde Jonathan
La ausencia del alcalde de Barrancabermeja en medio de protestas por la situación cerca de colegios públicos generó críticas por falta de claridad sobre su agenda institucional.
La ausencia del alcalde de Barrancabermeja en medio de protestas por la situación cerca de colegios públicos generó críticas por falta de claridad sobre su agenda institucional.
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Mientras estudiantes, padres de familia y comunidades educativas de Barrancabermeja salían a las calles este miércoles 12 de agosto para exigir respuestas y garantías frente a la presencia de habitantes de calle en inmediaciones de colegios públicos, el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez volvía a estar ausente de la ciudad.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El mandatario salió de Barrancabermeja desde el mediodía y, según el Decreto 418 del 12 de agosto de 2026, se desplazó a Bucaramanga para atender una supuesta “agenda institucional”. El documento, además, dejó temporalmente las funciones del despacho en manos del secretario de Hacienda, Óscar Enrique Jaramillo Jiménez. Pero aquí comienza el problema: ¿cuál era exactamente esa agenda?
El decreto que formaliza la salida del alcalde no precisa con quién se reuniría, qué entidad lo convocó, dónde tendría lugar la actividad ni cuál era el propósito concreto de ese desplazamiento. Una explicación demasiado genérica para una ausencia que ocurrió, precisamente, cuando una parte de la comunidad educativa estaba en las calles reclamando la atención del gobierno distrital.
Y hay otro detalle que resulta todavía más cuestionable: el Decreto 418 apenas fue conocido públicamente durante las últimas horas de este jueves 13 de agosto, es decir, un día después de que comenzó la ausencia del mandatario.
La situación abre una pregunta inevitable sobre la transparencia con la que se están manejando las ausencias del alcalde. Porque no se trata únicamente de saber si tenía derecho a desplazarse a otra ciudad, sino de establecer si la ciudadanía fue informada oportunamente y si existía una razón institucional suficientemente clara para hacerlo en ese momento.
Y el antecedente del fin de semana pasado vuelve el asunto todavía más incómodo. Durante esos días circularon ampliamente fotografías y videos en los que Jonathan Stivel Vásquez Gómez aparecía en Bucaramanga asistiendo a un concierto. Sin embargo, hasta ahora no se conoce públicamente un decreto que haya formalizado aquella ausencia.
Es decir, mientras los ciudadanos conocían por imágenes que el alcalde estaba fuera de Barrancabermeja, no estaba claro bajo qué acto administrativo se produjo ese desplazamiento. Ahora aparece un decreto para justificar una nueva salida, pero el documento tampoco permite conocer qué actividad institucional estaba cumpliendo.
El contraste resulta difícil de ignorar: mientras estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad educativa enfrentaban en las calles una situación que consideran preocupante y reclamaban respuestas de la administración distrital, el alcalde se encontraba en Bucaramanga atendiendo una “agenda institucional” cuyo contenido sigue siendo un misterio.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar. ¿Cuál era la agenda? ¿Quién convocó al alcalde? ¿Qué entidad lo recibió? ¿Qué decisiones o gestiones se adelantaron? ¿Por qué el decreto solo trascendió públicamente un día después? ¿Y bajo qué acto administrativo se autorizó o formalizó la salida del pasado fin de semana?
No se cuestiona que un alcalde pueda salir de su ciudad cuando sus funciones lo exijan. Lo que resulta reprochable es que, en momentos de tensión social y frente a reclamos ciudadanos que demandan presencia institucional, la administración no entregue explicaciones claras, oportunas y verificables sobre los desplazamientos de su principal autoridad.
Barrancabermeja no necesita agendas institucionales envueltas en misterio. Necesita respuestas. Y cuando los estudiantes están protestando, los padres están reclamando y la comunidad exige soluciones, la ausencia del alcalde deja de ser un asunto menor y se convierte en una pregunta política que el gobierno distrital debería responder públicamente.