Para miles de familias, la discusión no gira alrededor de conceptos técnicos sobre catastro multipropósito o gestión territorial. La preocupación es mucho más simple y urgente: poder conservar sus propiedades sin que el impuesto predial termine absorbiendo los ingresos familiares.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En el municipio de Socorro (Santander) hay una mujer a la que el privilegio de tener casita propia se le convirtió en un infierno. Se le espantó el hambre y las jornadas para conciliar el sueño se le van empapando pañuelos a punta de lágrimas todo por el temor que le produce el hecho de que la alcaldía de la localidad no corrija el exabrupto que cometieron a principio de año, cuando su recibo del predial llegó por 17 millones de pesos, 16 millones más que el año inmediatamente anterior. ¡Una verdadera locura!

La situación para ella es crítica. Su predio no tiene vocación comercial ni agrícola. Simple y llanamente es el lugar de su resguardo corporal, razón por la cual no entiende porqué se le multiplicó de manera desproporcionada el avalúo catastral. Como ya lo sabemos, su caso no es único hoy por hoy miles de propietarios en Santander continúan esperando que se materialicen las medidas prometidas para corregir lo que muchos consideran uno de los mayores abusos tributarios de los últimos años.

Según el abogado Juan Manuel Álvarez, quien ha liderado múltiples reclamaciones de ciudadanos afectados por incrementos desbordados en el impuesto predial, existen propietarios que pasaron de pagar sumas razonables a enfrentar cobros que ponen en riesgo su estabilidad económica y, en algunos casos, la conservación misma de sus bienes.

“Tengo un cliente que su recibo del predial llegó este año por 19 millones de pesos, y recibe con canon de arrendamiento apenas 3 millones 500 mil pesos. En la práctica está trabajando para pagar el impuesto. Ese tipo de situaciones son las que han llevado a muchas personas a sentir que la propiedad privada se convirtió en una carga en lugar de representar seguridad patrimonial”, afirmó Álvarez durante una entrevista con EL FRENTE, quien enfatizó en que el fenómeno alcanzó tal magnitud que Lebrija se convirtió en uno de los principales epicentros de las protestas rurales que desembocaron en movilizaciones nacionales contra los incrementos derivados de procesos catastrales y actualizaciones de avalúos.

Avalúos hechos a la carrera

De acuerdo con Álvarez, uno de los mayores errores ha sido tratar de aplicar soluciones uniformes a problemas que tienen orígenes distintos. Mientras en algunos municipios el problema surgió por la aplicación del denominado rezago catastral adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en otros casos las controversias se originaron en actualizaciones catastrales ejecutadas por gestores locales o metropolitanos.

“Hay municipios donde no solamente aumentaron los avalúos sino que además quedaron mal calculados. Hay predios que tienen restricciones ambientales, pendientes extremas o limitaciones de uso que nunca fueron consideradas. Entonces, aunque después reduzcan porcentajes, el valor sigue siendo excesivo porque el inmueble simplemente no tiene las condiciones que le atribuyeron en el avalúo”, explicó.

¿Qué ha pasado con las

medidas del gobierno nacional?

Tras las protestas registradas en el mes de abril, especialmente en zonas rurales, el Gobierno Nacional anunció medidas para revisar los procesos catastrales y corregir posibles distorsiones. Sin embargo, aunque se han registrado algunos avances, los resultados siguen siendo insuficientes para muchos afectados.

Álvarez explicó que en aproximadamente 15 o 16 municipios de Santander se lograron reducciones en algunos valores de referencia utilizados para los avalúos. No obstante, advierte que ese ajuste constituye apenas una parte del problema.

“Se avanzó en la reducción de algunos valores, pero todavía falta revisar los modelos de valoración, la atención a los ciudadanos y la capacidad institucional para responder a las reclamaciones. Hay personas que siguen esperando respuestas mientras continúan pagando impuestos calculados sobre avalúos que consideran erróneos”.

Uno de los mayores cuestionamientos apunta a la lentitud de los procedimientos de revisión. Por ejemplo, en la actualidad existe una ley que obliga a revisar los avalúos en tres meses, pese a su rigor, la norma no se cumple.

Se trata de la Ley 1995, la cual establece que las autoridades catastrales deben resolver las solicitudes de revisión de avalúos en un plazo de tres meses.

“Hemos visto casos donde una revisión tarda un año o más. Y mientras tanto el ciudadano sigue pagando impuestos calculados sobre valores que pueden estar equivocados”, indicó Álvarez quien precisó que la situación resulta especialmente grave para quienes consideran que sus predios fueron objeto de avalúos irregulares porque si una persona pagó en 2025, luego en 2026 y sigue pagando en 2027 mientras espera una revisión, está financiando con su bolsillo la ineficiencia del sistema. Entonces vemos que el problema no es solamente tributario; es también un problema de acceso a la justicia administrativa”.

Bucaramanga bajo la lupa

Uno de los cuestionamientos más fuertes formulados por Álvarez se refiere al caso de Bucaramanga, donde sostiene que las administraciones municipales implementaron incrementos que podrían ser contrarios al marco legal vigente.

“El problema de Bucaramanga no es parecido al de otros municipios. Aquí consideramos que los avalúos se implementaron de manera irregular en 2024 y posteriormente se mantuvieron los incrementos cuestionables en 2025 y 2026. Por eso se están preparando acciones jurídicas para controvertir esos cobros”.

Según explicó, la estrategia no busca atacar a una administración en particular sino revisar la legalidad de las actuaciones que dieron origen a los incrementos, en otras palabras, atacar directamente los estudios que concluyeron con los avalúos equivocados.

La inconformidad ciudadana sigue latente

Y la cosa para los próximos días no pinta bien. Durante recientes discusiones en el Concejo de Lebrija, según relató Álvarez, volvió a escucharse entre algunos sectores la posibilidad de nuevas movilizaciones si las soluciones continúan demorándose. La preocupación no es menor si se recuerda que el denominado paro catastral dejó pérdidas millonarias para la economía regional.

“Hemos escuchado nuevamente ese rumor. Eso preocupa porque todos vimos las consecuencias económicas que dejaron las protestas anteriores. Es mejor prevenir que lamentar. La solución pasa por corregir los errores antes de que el malestar vuelva a estallar”.

Aunque las mesas técnicas, los gremios económicos, la Procuraduría, los concejos municipales y la Gobernación de Santander han comenzado a analizar alternativas, los afectados siguen esperando resultados concretos.

Cobro del predial disparó la inflación en Santander

Más allá de la discusión jurídica, Álvarez plantea un efecto económico que, a su juicio, no ha recibido suficiente atención. Según su análisis, el aumento desmedido del impuesto predial termina trasladándose a los costos de arrendamiento, al comercio y finalmente al bolsillo de todos los ciudadanos.

“Cuando a un propietario le suben el predial en porcentajes desproporcionados, inevitablemente intentará recuperar ese dinero mediante los arriendos. Y cuando aumentan los arriendos, aumentan también los costos de los negocios que funcionan en esos inmuebles. Esa es una cadena que termina afectando toda la economía local”.

El abogado relaciona incluso este fenómeno con los altos niveles de inflación registrados recientemente en Bucaramanga. “Uno de los factores que más inciden en la inflación son los arriendos. Si se disparan los costos de propiedad, eso termina repercutiendo en toda la cadena económica. Lo paga el comerciante, lo paga el arrendatario y finalmente lo paga el consumidor”.