Sacó un arma traumática durante un procedimiento y ahora deberá pagar con tres meses de sanción
La Procuraduría confirmó la sanción contra un agente de tránsito de Floridablanca por usar un arma traumática fuera de su dotación durante un procedimiento vial.
La Procuraduría confirmó la sanción contra un agente de tránsito de Floridablanca por usar un arma traumática fuera de su dotación durante un procedimiento vial.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Una actuación durante un procedimiento de tránsito terminó pasándole factura, cinco años después, a un agente de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción contra Édgar Alonso Galvis Acosta, luego de establecer que utilizó un arma traumática durante un procedimiento de control vial y se apartó de las obligaciones propias de su cargo.
La decisión establece que el funcionario deberá cumplir tres meses de suspensión e inhabilidad, tras determinarse que incurrió en abuso del cargo mientras adelantaba la imposición de un comparendo.
Un arma que no hacía parte de su dotación
Los hechos se remontan a 2021, cuando Galvis Acosta se encontraba cumpliendo labores propias de su función. Durante el procedimiento, el agente habría introducido un elemento que no hacía parte de la dotación institucional.
Para el Ministerio Público, utilizar este elemento representó un apartamiento de los deberes que debía cumplir como servidor público. La Procuraduría señaló que su actuación desconoció principios como la diligencia, imparcialidad y respeto que deben caracterizar el ejercicio de la autoridad de tránsito.
El organismo de control también consideró que la conducta terminó afectando la confianza que los ciudadanos depositan en los funcionarios encargados de ejercer controles en las vías.
La falta fue calificada como grave y cometida a título de dolo, razón por la que la sanción se mantuvo tras la revisión en segunda instancia.
Con esta decisión, la Procuraduría reiteró que los servidores públicos deben actuar dentro de los límites establecidos por la ley y bajo los principios de legalidad, moralidad administrativa y responsabilidad.
Así, un procedimiento de tránsito ocurrido en Floridablanca terminó, años después, con una sanción disciplinaria que dejará al agente tres meses por fuera de sus funciones y con inhabilidad para ejercerlas durante ese mismo periodo.
