RUGE: ¿estabilidad para invertir o beneficios fiscales a largo plazo?
RUGE propone estabilidad jurídica y tributaria por 16 años para grandes inversiones, con beneficios fiscales y exigencias de ejecución, compras locales y resultados verificables.
RUGE propone estabilidad jurídica y tributaria por 16 años para grandes inversiones, con beneficios fiscales y exigencias de ejecución, compras locales y resultados verificables.
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El proyecto de Ley de Rescate Fiscal propone crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), un instrumento con el que el Gobierno busca incentivar grandes inversiones y encadenamientos productivos. La iniciativa plantea estabilidad jurídica y tributaria durante dieciséis años para los proyectos que cumplan las condiciones establecidas.
Por Carmen Cecilia Orejarena
El artículo 917 señala que su propósito es promover el crecimiento económico mediante nueva inversión productiva, articulada con proveedores nacionales y locales. La apuesta consiste en atraer capital, ampliar la capacidad productiva y generar actividad económica.
Sin embargo, el acceso no está previsto para cualquier empresa ni para toda expansión. El artículo 918 establece umbrales mínimos de inversión nueva, expresados en UVT, y plazos diferenciados por sector. Para infraestructura, energía y recursos naturales se exigen 8.140.000 UVT y ocho años; para industria y economía digital, 5.530.000 UVT y seis años; y para agroindustria, turismo, servicios y otras actividades, 2.580.000 UVT y cinco años. Se excluyen, entre otras, las actividades comerciales, financieras, inmobiliarias y de administración pública.
Estas condiciones muestran que el RUGE está diseñado para proyectos de gran escala. No es un beneficio general para cualquier empresa que quiera crecer. El proyecto define como inversión nueva la adquisición, construcción o instalación de activos productivos que aumenten la capacidad productiva nacional. Excluye la compra de acciones, las reorganizaciones empresariales y el traslado de activos entre vinculados.
¿Qué recibe quien logra la adhesión? El artículo 919 contempla una tarifa unificada de renta del veinte por ciento para los proyectos que inicien ejecución en 2027 o 2028, y del veintiséis por ciento para aquellos que comiencen desde 2029. También establece una tarifa del ocho por ciento para determinados dividendos distribuidos a no residentes, depreciación acelerada de activos fijos y exclusión del impuesto al patrimonio para el vehículo jurídico del proyecto. El artículo 920 permite establecer tratamientos aduaneros temporales para importar bienes de capital, maquinaria y equipos destinados a estas inversiones.
Los incentivos tienen contrapartidas. El proyecto exige ejecutar al menos el cuarenta por ciento de la inversión comprometida dentro de los dos años siguientes a la inscripción del certificado y completar el cien por ciento dentro del plazo sectorial.
Además, durante la ejecución y los primeros cinco años de operación, al menos el treinta por ciento de las compras de bienes y servicios deberá realizarse a proveedores nacionales; una tercera parte de ese porcentaje deberá destinarse a mipymes o proveedores domiciliados en el departamento donde se desarrolle la inversión. Así se busca que los beneficios alcancen la economía local.
También se exigen garantías y reportes periódicos sobre inversión, compras y desarrollo de proveedores. El incumplimiento puede ocasionar reducción o terminación de beneficios, reintegro de incentivos y sanciones, conforme al artículo 922. La evaluación de las solicitudes y el seguimiento estarán a cargo de un Comité de Garantías y Estabilidad.
El artículo 921 propone estabilidad durante dieciséis años en determinadas materias tributarias y jurídicas. Esto no significa que todas las obligaciones queden congeladas: el proyecto excluye expresamente, entre otras, las contribuciones parafiscales y de seguridad social, así como las normas laborales y ambientales.
El RUGE puede convertirse en una herramienta para competir por capital, pero su éxito no debería medirse por certificados expedidos ni por inversión anunciada.
Debe evaluarse por los recursos efectivamente ejecutados, los empleos formales generados, la participación de proveedores locales y el desarrollo productivo de las regiones.
Atraer inversión es necesario; asegurar que produzca valor para el país es indispensable. La estabilidad ofrecida al inversionista debe tener como contraparte resultados verificables para la sociedad. De lo contrario, el riesgo será conceder beneficios de largo plazo sin evidencia suficiente de un retorno colectivo.
Educadora empresarial