Riesgo para el oro colombiano por un nuevo impuesto que podría frenar exportaciones
El alza en la retención en la fuente del 1% al 2,5% sobre las ventas del metal amenaza con desincentivar la formalización de pequeños productores.
Mientras el precio internacional del oro rompe récords históricos y se convierte en uno de los activos más apetecidos del mercado global, Colombia corre el riesgo de desaprovechar esta coyuntura por una propuesta normativa que, en opinión de expertos y gremios, podría provocar efectos adversos de gran magnitud.
El proyecto de decreto que estudia el Gobierno propone aumentar del 1% al 2,5% la retención en la fuente sobre las compras de oro realizadas por las Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.).
Aunque la medida busca incrementar el recaudo tributario, las proyecciones indican que podría tener el efecto contrario con menos ingresos para el Estado, más informalidad y mayor poder para las economías ilegales.
El anuncio se produce justo cuando el país vivía un momento de bonanza exportadora. Entre enero y febrero de 2025, las ventas externas de oro alcanzaron los US$649 millones, lo que representó un aumento del 31,6% frente al mismo período del año anterior, según cifras de la Dian analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
El impulso se explica, en buena parte, por el auge del precio internacional del metal, que superó los US$3.500 por onza.
Sin embargo, el nuevo esquema impositivo podría cambiar radicalmente el panorama. Actualmente, los pequeños mineros que venden su producción a través de canales formales como las C.I. enfrentan una carga efectiva del 5%, compuesta por un 4% en regalías y un 1% de retención en la fuente.
Este nivel impositivo ha sido considerado como el umbral máximo para mantener a los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) dentro del mercado legal.
Pero el decreto en discusión propone dos nuevos elementos como un incremento de la retención en la fuente del 1% al 2,5%, y una autorretención adicional del 4,5% aplicable a la actividad extractiva bajo el código CIIU 0722.
Con estas medidas, el minero que opera legalmente se enfrentaría a una carga total del 11%, duplicando el umbral considerado sostenible, según el gremio.
“Las consecuencias previsibles de este posible aumento en la retención en la fuente son menos formalidad, potencial menor recaudo y mayor inseguridad”, advirtió Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Para el dirigente gremial, la medida va en contravía de los objetivos fiscales y de seguridad. “Consideramos que la implementación de esta medida, lejos de fortalecer las finanzas públicas y el control estatal, generaría una serie de consecuencias negativas interconectadas”, dijo.
Uno de los principales efectos esperados es una migración masiva hacia el mercado informal. La alta fungibilidad del oro, su facilidad de transporte y la existencia de redes de contrabando ya establecidas hacen que los incentivos para abandonar el canal formal aumenten significativamente cuando la carga tributaria supera el 5%.
Según cálculos del gremio, hasta un 90% de las 40 toneladas anuales de oro provenientes de la minería artesanal que hoy podrían comercializarse legalmente, terminarían en rutas ilegales.
