Renuncia de Cristian Portilla no obedece a motivos personales sino a una flagrante inhabilidad electoral

Aunque el exsecretario privado de la administración de Jaime Andrés Beltrán aseguró que su decisión obedece a “motivos personales” y a un “acto de coherencia y responsabilidad”, lo cierto es que el trasfondo jurídico de su salida apunta a una posible inhabilidad para participar en el proceso electoral, tal y como lo informó de manera oportuna en su edición impresa y digital de este miércoles el diario EL FRENTE.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La renuncia del abogado Cristian Fernando Portilla a su candidatura para las elecciones atípicas de la Alcaldía de Bucaramanga ha generado un remezón en el panorama político local y deja sin continuidad al beltranismo, que ahora queda sin un heredero político visible.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, dado a conocer en primicia por el periodista de Blu Radio Julian Mejía, Portilla expresó que, tras una “profunda reflexión personal y familiar”, optó por dar un paso al costado “en coherencia con sus principios”. Agradeció al exalcalde Beltrán, a su familia y a los líderes que lo respaldaron, e hizo un llamado a la unidad en torno al “legado” del proyecto político que ambos promovían.

“He tomado la decisión de retirar mi candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga para las próximas elecciones atípicas (...) Seguiré apoyando y acompañando este legado que inició Jaime Andrés”, escribió el exfuncionario.

Sin embargo, detrás del lenguaje de gratitud y reflexión, hay un hecho ineludible: Portilla no podía ser candidato. Según reveló EL FRENTE en su edición impresa y digital de este miércoles, el exsecretario privado se encontraba inhabilitado por haber ejercido autoridad administrativa y contractual dentro del año previo a las elecciones.

El sustento jurídico es claro. De acuerdo con el artículo 37, numeral 4, de la Ley 617 de 2000, no puede ser elegido alcalde quien, dentro del año anterior a la elección, haya ejercido autoridad administrativa o contractual en el mismo municipio.

Y eso es precisamente lo que ocurrió con Portilla. Documentos oficiales demuestran que el exfuncionario fue supervisor del contrato de Plan de Medios No. 055 de 2025, celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Libre Fuente 2025.

En ese rol, no solo tuvo control y vigilancia sobre la ejecución contractual, sino que, como consta en un oficio del 17 de septiembre de 2025, solicitó personalmente una adición de casi 1.500 millones de pesos al mismo contrato.

Ese acto, según varios juristas consultados, configura una intervención directa en la gestión de un negocio público, lo que activa de manera automática la causal de inhabilidad establecida en la norma.

“Esa es la más clara demostración de que ejerció autoridad administrativa. Ese voto estaba muerto desde antes de contarse”, señaló a EL FRENTE un reconocido experto en derecho electoral.

Una jugada desesperada

Pese a la contundencia de los documentos, el abogado Hollman Ibáñez Parra, apoderado de Portilla, intentó restar importancia al caso, afirmando que “la supervisión de un contrato no implica autoridad ni intervención”. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en que la supervisión sí constituye ejercicio de autoridad administrativa, ya que implica control y capacidad de decisión sobre la gestión de recursos públicos.

 Más allá del debate legal, la renuncia de Portilla revela la improvisación y el desgaste interno del grupo político de Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada por doble militancia. Según analistas, el exalcalde intentó mantener su influencia en la administración municipal impulsando la candidatura de un colaborador cercano, sin prever los riesgos jurídicos que enfrentaba.

“Fue una movida apresurada, más motivada por la necesidad de conservar poder que por una estrategia responsable. Portilla sabía o debía saber que estaba inhabilitado”, afirmó una fuente cercana a los sectores políticos de la ciudad.