La construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en Suaita, Santander, está en el ojo del huracán esta vez, no solo por los problemas que durante años han rodeado la ejecución de la obra, sino por las posibles fallas de quienes tenían la obligación de vigilar que los recursos públicos fueran correctamente invertidos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión, y contra Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría, dentro de una actuación disciplinaria relacionada con el proyecto educativo.

El expediente busca establecer si quienes tenían a su cargo el seguimiento y control del contrato cumplieron realmente con sus responsabilidades frente a una obra cuyo valor supera los $15.000 millones.

El nuevo capítulo de esta historia adquiere mayor relevancia porque el megacolegio de Suaita no es una obra que haya llegado a los organismos de control de manera inesperada. Documentos de la Gobernación de Santander describieron el proyecto como una nueva infraestructura con capacidad para atender a 393 estudiantes, con un área construida de más de 2.100 metros cuadrados y diferentes espacios articulados mediante terrazas, rampas y escaleras.

El contrato 3835 de 2022 fue suscrito el 7 de diciembre de ese año por la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar con la Unión Temporal Colucas 2022, por aproximadamente $15.000 millones y con un plazo inicial de ejecución de 12 meses. Para febrero de 2024, sin embargo, el proyecto apenas registraba alrededor del 21 % de avance físico, pese a que el plazo inicialmente previsto ya había terminado.

La situación llevó incluso a que el proyecto fuera señalado públicamente como un posible futuro “elefante blanco”, mientras sobre la mesa aparecían solicitudes de mayores recursos para poder concluirlo.

Uno de los puntos más delicados surgió cuando el contratista manifestó que los estudios y diseños no correspondían plenamente con las necesidades reales de la obra y planteó un faltante de $6.567 millones para completar el proyecto.

La propia Gobernación de Santander reconoció entonces problemas de planeación. En marzo de 2024, el gobernador Juvenal Díaz Mateus afirmó que los estudios y diseños habían tenido un costo de apenas $25 millones y cuestionó que no se hubiera previsto desde la etapa de planeación la presencia de redes de alta tensión que atravesaban el terreno destinado al colegio. En ese momento, la administración departamental reportaba una ejecución cercana al 23 %.

La pregunta es quién debía vigilar

La decisión de la Procuraduría introduce un elemento particularmente sensible: además de las dificultades de planeación, ejecución y financiación que ya habían sido denunciadas, el Ministerio Público está examinando si los responsables de la supervisión y la interventoría cumplieron con la función esencial de advertir y controlar las irregularidades que pudieran presentarse durante la obra.

Según el organismo de control, existen indicios de que los trabajos habrían comenzado y avanzado sin contar con licencia de construcción, así como sin los permisos correspondientes para el aprovechamiento forestal y el movimiento de tierras.

De comprobarse disciplinariamente estas circunstancias, surgiría una pregunta inevitable: ¿cómo pudo avanzar una obra de más de $15.000 millones sin que quienes tenían asignadas las funciones de vigilancia detectaran o impidieran oportunamente la ejecución de actividades sin los permisos requeridos?

La Procuraduría calificó provisionalmente como grave, a título de culpa grave, la posible conducta de los dos supervisores. En el caso del representante legal del consorcio interventor, la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima.

La controversia no se limita a los permisos. En 2024, investigaciones periodísticas ya habían documentado que, después de más de un año de ejecución, la obra presentaba un avance físico muy reducido y que la Gobernación había desembolsado más de $3.339 millones mientras el proyecto permanecía concentrado principalmente en movimientos de tierra.

También fueron documentadas solicitudes de importantes recursos adicionales. El contratista calculó en $6.567 millones el faltante para terminar el proyecto y, según documentos citados entonces, algunos capítulos relacionados con preliminares y movimientos de tierra registraron incrementos sustanciales.

En marzo de 2024, el gobernador Juvenal Díaz anunció la reactivación de los trabajos y señaló que la administración había heredado dificultades relacionadas con la planeación del proyecto.

Incluso en 2025, el Colegio Lucas Caballero apareció entre los proyectos ejecutados con recursos de regalías que fueron objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría y la Gobernación de Santander debido a dificultades que afectaban su ejecución.

El contexto resulta especialmente importante: la actual actuación disciplinaria no aparece sobre un terreno completamente limpio, sino sobre una obra que desde sus primeros años de ejecución ya había acumulado cuestionamientos relacionados con planeación, avance, costos y control.