Proyecto de ley busca frenar el poder hereditario: familiares de mandatarios no podrían aspirar al Congreso

Sus autores la denominaron ‘Ley Anticlanes’ y busca redefinir las reglas del juego político colombiano al impedir que el poder local sirva como base para la expansión familiar hacia el Congreso. Su aprobación marcaría un hito en la lucha contra el clientelismo, los conflictos de interés y la concentración del poder, pero su futuro dependerá de si el propio Congreso está dispuesto a autolimitarse para proteger la democracia.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Recientemente Santander fue escenario de un episodio que ejemplifica a la perfección el espíritu del proyecto de este proyecto de ley. Tiene que ver con una decisión de la Procuraduría General de la Nación, la cual abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en política, nada más y nada menos que por participar en varios actos de campaña de precandidatos al Senado de la República para la vigencia 2026 - 2030, entre los que se encuentra su cónyuge, Laura Cristina Ahumada García.

Precisamente, en un intento por romper con las cadenas familiares que durante décadas han dominado la política regional y nacional, un grupo de senadores de distintas bancadas radicó en el Congreso el proyecto de ley conocido como “Ley Anticlanes”, una ambiciosa iniciativa que busca impedir que los familiares de alcaldes y gobernadores utilicen el poder local como trampolín para llegar al Senado o la Cámara de Representantes.

La propuesta, respaldada por los senadores Edwing Fabián Díaz (Alianza Verde), Alfredo Deluque (Partido de La U) y Alejandro Chacón (Liberal), pretende poner límites a la reproducción hereditaria del poder político que se ha vuelto costumbre en muchas regiones del país.

En departamentos como Atlántico, Santander, Antioquia o Boyacá, los apellidos de las familias que ocupan las alcaldías y gobernaciones se repiten en las listas al Congreso. Esta práctica ha dado origen a lo que se conoce como “clanes políticos”, estructuras familiares que, con la influencia y recursos del poder territorial, buscan extender su dominio hasta el nivel nacional.

Según los autores del proyecto, este tipo de relaciones familiares en la política no solo perpetúan estructuras clientelistas, sino que también generan conflictos de interés, uso indebido de recursos públicos y desequilibrio en la competencia electoral.

Lo que plantea la ‘Ley Anticlanes’

El texto del proyecto, identificado como PL 295-2025, busca modificar el régimen de incompatibilidades para que alcaldes y gobernadores no puedan tener familiares directos (cónyuges, hijos, padres, hermanos, primos en tercer grado de consanguinidad o primero de afinidad) aspirando al Congreso mientras ellos estén en el ejercicio de sus cargos.

La figura clave que introduce el articulado es la “incompatibilidad sobreviniente”, un mecanismo que se activaría automáticamente si, durante el periodo de un mandatario local, un familiar es inscrito, elegido o toma posesión como congresista. En ese caso, se declararía la vacancia temporal o definitiva del alcalde o gobernador, con el fin de evitar el favorecimiento político.

El senador Alfredo Deluque explicó que la medida tiene un carácter preventivo: “Queremos cerrar la puerta a la utilización del poder regional para heredar curules. No se busca limitar derechos políticos, sino garantizar que todos los ciudadanos puedan competir en igualdad de condiciones. Si el hermano, esposa o hijo de un alcalde se lanza al Congreso, se genera una incompatibilidad inmediata.”

Por su parte, el senador Edwing Fabián Díaz añadió que el objetivo de la ley es romper con los mecanismos que permiten que la maquinaria pública local se ponga al servicio de campañas familiares, un fenómeno frecuente en cada periodo electoral.

“Basta revisar cómo cada cuatro años se repiten los mismos apellidos en las curules del Congreso y en las gobernaciones. Es un círculo vicioso que erosiona la confianza ciudadana en la democracia.”

Casos recientes que inspiran la medida

Como lo mencionamos al inicio, Uno de los antecedentes más visibles que motivó la redacción de la ‘Ley Anticlanes’ fue el caso del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, suspendido por tres meses por la Procuraduría General debido a su presunta participación en la campaña de su esposa, Laura Ahumada, aspirante al Senado.

Según el Ministerio Público, Vásquez habría intervenido indebidamente en política, aprovechando su cargo para promover la candidatura de su pareja, lo que evidencia cómo la estructura administrativa de un municipio puede ser utilizada para fines electorales familiares.

Para los impulsores del proyecto, esta situación refleja una falla estructural del sistema político colombiano: la ausencia de mecanismos efectivos que separen el poder administrativo del interés familiar o partidista.

Equilibrio entre derechos políticos y control del poder

Uno de los principales debates que se anticipa en la Comisión Primera del Senado, donde comenzará el trámite del proyecto, es el equilibrio entre el derecho constitucional a la participación política y la necesidad de garantizar la transparencia y equidad en las elecciones.

Críticos del proyecto sostienen que podría interpretarse como una restricción a los derechos políticos de los familiares de los mandatarios, mientras que sus defensores insisten en que no se prohíbe la participación, sino que se evita que el ejercicio simultáneo de cargos entre parientes genere conflictos de interés.

El senador Richard Fuelantala, representante de la circunscripción indígena, explicó que la incompatibilidad se activaría desde la inscripción del familiar candidato, precisamente para impedir maniobras como renuncias estratégicas o candidaturas ficticias.

Cabe aclarar que la restricción propuesta no se aplicaría en sentido inverso: es decir, los familiares de congresistas sí podrían aspirar a alcaldías o gobernaciones, dado que los legisladores no manejan recursos públicos ni tienen funciones ejecutivas que les permitan influir directamente en la contratación o el gasto.

Esto diferencia al Congreso de las administraciones locales, donde el control del presupuesto y la contratación pública son factores decisivos en el fortalecimiento de maquinarias políticas.

Impacto potencial en los clanes políticos del país

De aprobarse, la ‘Ley Anticlanes’ afectaría de manera directa a familias con gran influencia regional, como los Char en la Costa Caribe, los Gnecco en Cesar, los Aguilar en Santander, o los Name en Atlántico, entre otras dinastías que han alternado cargos entre sus miembros por décadas.

La medida, según sus impulsores, no busca señalar a nadie en particular, sino establecer un marco institucional que impida la captura familiar del Estado.

“Aquí no se trata de nombres propios, sino de cambiar una cultura política. Que los cargos se ganen por mérito, no por herencia”, subrayó Deluque.

El proyecto comenzará su discusión en los próximos días en la Comisión Primera del Senado, donde se espera un amplio debate jurídico y político. Aunque la propuesta cuenta con apoyo multipartidista, su aprobación enfrenta un obstáculo histórico: muchos congresistas provienen precisamente de clanes familiares, lo que podría frenar el consenso.

La iniciativa contempla vigencia inmediata desde su promulgación presidencial, un aspecto que podría generar resistencia adicional, especialmente de quienes se preparan para las elecciones de 2026 y ya cuentan con familiares en cargos de elección local.

Aun así, sus autores se muestran optimistas. “Si queremos reconstruir la confianza en las instituciones, debemos empezar por cortar lazos entre familia y poder político. Es una deuda con la democracia”, concluyó el senador Díaz.

Ejemplos recientes ilustran la magnitud del fenómeno:

Arturo Char fue senador mientras su hermano Alex Char ejercía como alcalde de Barranquilla (2016–2020).

Luis Díaz Mateus, actual representante, aspira al Senado mientras su hermano Juvenal Díaz gobierna Santander.

En Boyacá, John Amaya suena como aspirante al Senado, mientras su hermano Carlos Amaya ocupa la Gobernación.

En el Huila, María Lucía Villalba, hija del exsenador y exgobernador Rodrigo Villalba, prepara su campaña al Congreso.

María Irma Noreña, esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, también buscaría una curul en el Senado.

En Cúcuta, Yirley Vargas, esposa del alcalde, estaría en lista a la Cámara Alta.

Y en Medellín, Juliana Gutiérrez, hermana del actual alcalde Federico Gutiérrez, sería candidata por el movimiento Creemos.