Privatizar cárceles: el plan del senador Moreno para desmontar escuelas del crimen en Colombia

En medio de un encendido debate sobre dignidad carcelaria y seguridad pública, el senador santandereano Gustavo Adolfo Moreno lanzó este viernes una serie de propuestas legislativas que buscan transformar de raíz el sistema penitenciario colombiano. Durante un conversatorio realizado en la capital santandereana, el congresista planteó reformas estructurales orientadas a combatir la criminalidad desde las cárceles, promover la resocialización efectiva de los reclusos y reducir los costos del sistema para el Estado.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Su diagnóstico fue contundente: las cárceles del país no solo han fracasado en su función de rehabilitación, sino que en muchos casos se han convertido en centros de operación criminal.

Un sistema carcelario bajo fuego, “call centers del delito” y por eso lanzó una propuesta radical: privatizar los centros carcelarios y penitenciarios en Colombia.

Moreno llegó a esa conclusión tras asegurar que aseguró que una proporción significativa de delitos como la extorsión se coordina desde centros penitenciarios, fenómeno que evidencia graves fallas en el control estatal. Según explicó, organizaciones criminales operan desde las cárceles utilizando teléfonos móviles y líneas telefónicas no registradas para extorsionar a ciudadanos en todo el país.

El legislador señaló que el problema se agrava por la facilidad con la que los delincuentes adquieren tarjetas SIM sin registro de identidad, lo que permite realizar llamadas extorsivas imposibles de rastrear.

Ante esta situación, impulsa un proyecto de ley que obligaría a que toda compra de líneas telefónicas incluya identificación biométrica, cédula y registro del titular, con el fin de establecer responsabilidad directa sobre el uso de cada número.

Cárceles productivas: trabajo en lugar de ocio criminal

Uno de los pilares de su propuesta es el fortalecimiento del modelo de “cárceles productivas”, iniciativa que busca convertir los centros penitenciarios en espacios de trabajo y formación laboral.

El senador destacó que la Ley 2244 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro, promueve la instalación de empresas dentro de los centros penitenciarios mediante incentivos tributarios, como la exención del IVA para bienes producidos por población privada de la libertad.

El objetivo es triple: garantizar resocialización efectiva mediante trabajo real, reducir la reincidencia criminal y disminuir el gasto público en el sistema penitenciario.

De acuerdo con el congresista, el sistema carcelario colombiano cuesta cerca de 3,5 billones de pesos anuales al Estado, recursos que podrían redirigirse hacia educación, salud e infraestructura si los internos contribuyen a su propio sostenimiento.

Por ejemplo, empresas del sector textil, entre ellas la firma del empresario Arturo Calle, ya estarían participando en proyectos piloto de producción dentro de cárceles como La Picota y La Modelo en Bogotá.

Además, Moreno destacó la construcción de la primera cárcel productiva del país en Barrancabermeja, Santander, con capacidad para más de 1.600 internos y una inversión cercana a 235 mil millones de pesos.

Seguridad multidimensional: más allá del aumento policial

Además, el senador insistió en que el problema de la inseguridad no se resuelve únicamente con mayor presencia policial. Según su planteamiento, factores como el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades alimentan la criminalidad, por lo que la política de seguridad debe incluir inversión social directa en los territorios más vulnerables.

En ese enfoque, el sistema penitenciario juega un papel central. Moreno argumentó que la falta de procesos efectivos de resocialización perpetúa el ciclo delictivo, pues muchos reclusos salen de prisión con mayor capacidad criminal que cuando ingresaron.

Por esta razón, entre sus iniciativas más controversiales figura un proyecto para permitir la administración privada de las cárceles en Colombia pues Moreno sostiene que el modelo estatal, actualmente gestionado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, presenta altos niveles de corrupción, ineficiencia y falta de control.

La propuesta plantea que operadores privados administren los establecimientos y vendan cupos al Estado, lo que, según el senador, permitiría reducir la corrupción interna, mejorar la eficiencia del sistema, optimizar costos operativos y fortalecer el control sobre los internos.

El congresista argumentó que actualmente incluso personas condenadas por delitos menores ocupan costosos cupos de máxima seguridad, lo que refleja un modelo penitenciario desproporcionado e ineficiente.

El legislador recordó que la crisis carcelaria colombiana fue declarada hace décadas como un “estado de cosas inconstitucional” por la Corte Constitucional, situación que persiste debido al hacinamiento, la congestión judicial y la falta de infraestructura.

También criticó lo que denominó “populismo punitivo”, señalando que el aumento constante de penas y delitos tipificados ha saturado el sistema judicial y penitenciario sin resolver las causas estructurales de la criminalidad.

Moreno abordó igualmente la situación de personas no condenadas que permanecen en estaciones de policía y centros transitorios de detención, especialmente en ciudades como Bucaramanga y Barrancabermeja.

El senador insistió en que estas condiciones vulneran derechos fundamentales y requieren soluciones urgentes, incluyendo la creación de pabellones especiales para población en detención preventiva.

Entre la resocialización y el control del delito

El eje del discurso del senador gira en torno a una transformación profunda del sistema penitenciario, que pase de ser un espacio de castigo ineficiente a un mecanismo de rehabilitación productiva.

Su visión combina endurecimiento del control contra el delito desde prisión, reformas legislativas en telecomunicaciones, participación del sector privado e incentivos económicos para la resocialización laboral.

El debate sobre estas propuestas apenas comienza en el Congreso, donde sectores políticos y organizaciones de derechos humanos podrían cuestionar especialmente la privatización del sistema carcelario. Lo cierto es que, en palabras del propio senador, el desafío es evitar que las cárceles sigan siendo “universidades del crimen” y convertirlas en espacios capaces de reintegrar a los internos a la sociedad.