Presa exsubdirectora del IMEBU por ejecutar contrato corrupto
Resumen
La exsubdirectora del IMEBU, Marisol Adarme Valenzuela, fue condenada a 12 años de prisión por irregularidades en un contrato navideño. Fue hallada culpable de delitos como falsedad y peculado, destacando el detrimento de 15 millones de pesos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Lo que comenzó como un proyecto para enseñar recetas decembrinas terminó convertido en un caso judicial con ingredientes de irregularidad, sobrecostos y documentos cuestionados.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La exsubdirectora técnica del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU), Marisol Adarme Valenzuela, fue capturada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, para cumplir una condena de 12 años de prisión.
La decisión judicial se deriva de un proceso en el que se le halló responsable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en el marco de una denuncia anónima en la que se daba cuenta de supuestas irregularidades dentro del contrato 105 de 2012, suscrito con el objetivo de capacitar a 30 personas en gastronomía navideña, por un valor de 22 millones de pesos.
La investigación reveló que el proceso estuvo lejos de cumplir con los estándares legales. De acuerdo con la Fiscalía, los instructores vinculados no acreditaban la experiencia exigida, mientras que los costos del programa superaban ampliamente los de iniciativas similares. El resultado fue un detrimento patrimonial estimado en cerca de 15 millones de pesos.
El fallo no solo contempla la pena privativa de la libertad. La exfuncionaria también deberá pagar una multa equivalente a 127 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, además de quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 10 años y 5 meses.
La captura de Adarme Valenzuela reaviva el debate sobre los controles en la contratación pública en Bucaramanga y, en general, en Santander, donde distintos procesos han puesto bajo la lupa la gestión de recursos destinados a programas sociales.
