Portugal protesta ante Colombia por cambios en el convenio de pasaportes
Portugal protestó ante Colombia por cambios en el convenio de pasaportes, mientras continúa la controversia jurídica sobre su vigencia y ejecución.
Portugal protestó ante Colombia por cambios en el convenio de pasaportes, mientras continúa la controversia jurídica sobre su vigencia y ejecución.
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La Casa Moeda de Portugal envió una nota verbal de protesta al Gobierno colombiano por las decisiones adoptadas frente al convenio para la fabricación de pasaportes, en medio de una controversia jurídica y contractual que también involucra a Francia y a la empresa Thomas Greg & Sons.
El desacuerdo se centra en la continuidad del Convenio 010 de 2025, suscrito para avanzar hacia la producción nacional de documentos de viaje mediante transferencia tecnológica. Mientras las entidades europeas sostienen que el acuerdo continúa vigente, la Cancillería cuestiona un informe sobre su ejecución y ha solicitado tiempo adicional para verificar la información presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
De acuerdo con Infobae, el convenio tripartito tiene un valor aproximado de $1,3 billones y contempla un proceso gradual que se extendería hasta marzo de 2036, con el propósito de que Colombia adquiera capacidades para fabricar pasaportes de manera autónoma.
Diferencias por el informe técnico
La controversia se intensificó tras la presentación de un informe elaborado por la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal, en el marco de una acción popular relacionada con el sistema de expedición de pasaportes.
Según el documento, el modelo opera desde abril de 2026 y, durante su primera fase, la Imprenta Nacional habría personalizado más de 618.000 pasaportes ordinarios.
Sin embargo, la Cancillería manifestó que no aprobó el reporte y solicitó al tribunal una prórroga de 20 días hábiles para revisar sus datos y presentar un análisis propio.
La entidad portuguesa sostuvo que el informe había sido concertado entre las partes y que el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano se abstuvo de firmarlo en el último momento. También explicó que mantuvo el logotipo de la Cancillería porque la medida cautelar exigía la presentación de un documento conjunto, y negó que buscara inducir a error al tribunal.
Ante estas diferencias, Portugal expresó su inconformidad con las afirmaciones formuladas por Colombia y ratificó su intención de continuar con la ejecución del convenio.
Un plan de transferencia tecnológica hasta 2036
El acuerdo contempla cuatro etapas para desarrollar progresivamente las capacidades de producción de pasaportes en Colombia.
La primera incluye el suministro de libretas en blanco desde Lisboa, Portugal, y Douai, Francia, para su personalización en territorio colombiano. Entre septiembre de 2027 y septiembre de 2030 se prevé preparar, trasladar, montar y numerar las libretas.
La tercera fase, proyectada entre octubre de 2030 y septiembre de 2033, contempla la impresión de páginas interiores y contracarátulas. Finalmente, a partir de enero de 2034 se desarrollaría la fabricación de la página de datos, con cierre previsto para marzo de 2036.
El convenio busca reducir progresivamente la dependencia de proveedores extranjeros mediante la transferencia de conocimientos, tecnología y procesos industriales.
Thomas Greg vuelve temporalmente a la operación
En paralelo con la disputa, el Gobierno colombiano suscribió un contrato temporal por 15 meses con una unión temporal en la que participa Thomas Greg & Sons, mientras adelanta una licitación para seleccionar al contratista permanente.
La contratación reabre el debate sobre el futuro del modelo de pasaportes y las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas durante el proceso.
La excanciller Rosa Villavicencio cuestionó que el Gobierno hubiera avanzado con nuevas medidas antes de una decisión definitiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según sus declaraciones, el Estado podría enfrentar una reclamación de USD 68 millones relacionada con una cláusula de incumplimiento con Portugal, además de eventuales actuaciones en otras jurisdicciones. Ese posible costo corresponde a una advertencia atribuida a la exfuncionaria y no a una condena o deuda judicialmente establecida.
Por ahora, el tribunal no ha adoptado una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia. Mientras tanto, las diferencias entre la Cancillería y sus socios europeos mantienen en discusión la continuidad del convenio, las obligaciones contractuales y el camino que seguirá Colombia para garantizar la producción y entrega de pasaportes.