Polémica por exorbitante partida económica para recuperar las estaciones de ‘Metroruina’

Transporte masivo sigue devorándose miles de billetes en Bucaramanga

El debate continúa sobre la contratación, el destino de los recursos y la capacidad del sistema para sostener una nueva etapa de operación estable, con oferta de transporte suficiente para la demanda de la ciudad.

Una inversión de $11.965 millones para recuperar cinco estaciones de Metrolínea abrió en Bucaramanga un debate que trasciende la obra física, porque mientras la Alcaldía busca devolverle uso a estructuras deterioradas desde los actos vandálicos de 2021, el sistema afronta una crisis financiera, liquidación, limitaciones de flota y dudas sobre el modelo que permitirá que esas instalaciones vuelvan a recibir pasajeros.

El contrato M-IP-008-2026 de Metrolínea tiene un valor estimado de $11.965.915.608 y pretende la adecuación, mejoramiento y rehabilitación de instalaciones eléctricas, accesos, fachadas, cerramientos, estructuras metálicas, tableros, redes internas y comunicaciones.

La intervención apunta a fortalecer las condiciones de funcionamiento y seguridad de las estaciones priorizadas. El proceso fue publicado el 12 de agosto de 2026 y recibió una sola propuesta.

Las estaciones incluidas son Quebrada Seca, Chorreras, San Mateo, La Isla y Provenza Central. También se plantearon intervenciones menores en la UIS y el Portal del Norte.

Un informe oficial reportó que San Mateo, Chorreras y La Isla permanecían fuera de servicio. Los estudios y diseños para rehabilitar la infraestructura se contrataron en enero de 2025 por $430,16 millones.

Consorcio sin dirección

Según una denuncia pública de veedores ciudadanos, la firma que elaboró los diseños previos, Galev SAS, quedó vinculada al consorcio que obtuvo el contrato mediante Lewis.

También se cuestiona que sólo hubiese una oferta. Estos señalamientos corresponden a una denuncia de veeduría y no establecen, por sí mismos, una irregularidad administrativa o penal.

Otro reparo que se le hace al contrato es que  la dirección registrada por el Consorcio ganador correspondería a un inmueble residencial que, según la propietaria citada por la veeduría, llevaba alrededor de año y medio desocupado.

La situación quedó incorporada al debate público sobre la contratación. A esto se sumó un hecho confirmado y es que el proceso para contratar la interventoría fue declarado desierto, por lo que las obras no podían iniciar en las condiciones previstas.

Momentos del financiamiento

La Alcaldía y Metrolínea habían planteado desde marzo y abril una recuperación con materiales menos vulnerables al vandalismo. Entre ellos aparece el WPC, compuesto de madera y polímeros, además de la reutilización de elementos como barandas.

La planeación inicial calculó entre 12.000 y 13.000 millones, con trabajos simultáneos y una ejecución estimada de tres meses. La Alcaldía ha indicado que la recuperación responde a requerimientos de autoridades de transporte y que se trata de bienes públicos municipales.

El financiamiento tuvo varios momentos. En julio, un documento de Hacienda citado señaló que no existía certificado de disponibilidad presupuestal para la obra.

En agosto del presente año, la Alcaldía expidió los decretos 0322 y 0330 para aportar al Fondo de Estabilización y Subvención del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Esos giros sumaron cerca de $15.000 millones, incluidos unos $12.997 millones y $1.976 millones. Metrolínea indicó que esos recursos tienen destinación específica para las estaciones.

Liquidación no autorizada

La controversia aumenta por la situación financiera del ente gestor. Una acreencia con Estaciones Metrolínea superó los $430.000 millones tras un proceso arbitral, según antecedentes públicos.

Los estados financieros de 2025 registraron deterioro patrimonial significativo y consignaron que la Asamblea de Accionistas, con una participación del 70% atribuida a la Nación, no autorizó la liquidación.

El Gobierno Nacional ha defendido la continuidad y la Alcaldía ha sostenido que existe una causal legal de disolución. La discusión incluye estudios sobre el futuro tecnológico y operacional del sistema.

El problema operativo añade otra extensión. Tras la terminación del contrato con Metrocinco Plus en abril de 2025, las autoridades debieron constituir un plan de choque para sostener el transporte masivo.

Al mismo tiempo, SITME reportó 2.040.305 pasajeros validados durante el primer trimestre de 2026, 230.273 más que en igual periodo de 2025, señal de que existe¿? demanda para el servicio.

¿Renacer en enero 2027?

La Administración municipal plantea que la recuperación física no quede aislada. El Alcalde Cristian Fernando Portilla ha explicado que se adelantan mesas con empresas de transporte público colectivo para integrar un modelo mixto, conservar el carril exclusivo y devolver a las estaciones funciones de vigilancia, taquilla, recaudo y tecnología.

La expectativa oficial apunta a recuperar la infraestructura antes de diciembre del presente año y permitir una nueva operación desde enero de 2027, si las condiciones contractuales y de transporte lo permiten.

Las estaciones La Rosita y Diamante quedaron previstas para una segunda fase, con búsqueda de respaldo privado y participación asociada a publicidad.

Desde la administración de  Metrolínea también se ha planteado brigadas de limpieza y la campaña “Tu estación, tu ciudad”, con pobladores como guardianes. Así, los $11.965 millones no representan sólo una obra, sino que el resultado estribará en que las estaciones tengan servicio, seguridad, mantenimiento y, lo más importante, pasajeros.