Piden a Abelardo de la Espriella que en su gobierno la nueva ley contra el reclutamiento infantil no se quede en el papel

La entrada en vigor de la Ley 2590 de 2026 fue recibida como un avance importante en la protección de la niñez colombiana frente al reclutamiento forzado por parte de grupos armados y estructuras criminales. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo el mayor desafío apenas comienza: evitar que la nueva normatividad termine convertida en letra muerta por falta de reglamentación, recursos y presencia efectiva del Estado en las regiones donde el riesgo es más alto.

La entidad hizo un llamado al Gobierno entrante para que la implementación de la ley se convierta en una prioridad nacional, al advertir que el fortalecimiento de las penas por sí solo no será suficiente para contener un fenómeno que durante años ha afectado a miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales.

La nueva legislación modifica las sanciones para los delitos de reclutamiento ilícito y utilización de menores de edad en actividades criminales, al tiempo que incorpora herramientas orientadas a la prevención y a una respuesta institucional más rápida frente a las amenazas contra la infancia.

Uno de los cambios más relevantes establece que, cuando la Defensoría del Pueblo detecte escenarios de riesgo mediante sus sistemas de monitoreo y Alertas Tempranas, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) tendrá la obligación de priorizar esos territorios con programas y acciones de protección.

No obstante, la Defensoría insistió en que el verdadero éxito de la ley dependerá de que las instituciones pasen de los anuncios a las acciones concretas. La entidad considera indispensable que durante el primer año de vigencia se reglamenten y financien las herramientas previstas en la norma, entre ellas la elaboración de un nuevo documento CONPES que defina una política pública con metas verificables, presupuesto, indicadores y responsabilidades claras para todas las entidades involucradas.

También pidió poner en funcionamiento un Equipo Nacional de Acción Inmediata que permita reaccionar con rapidez cuando existan riesgos inminentes para menores de edad, evitando que las advertencias lleguen demasiado tarde.

Otro de los puntos considerados estratégicos es la creación de un Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad, concebido para consolidar información oficial que permita identificar tendencias, anticipar riesgos y orientar las decisiones de política pública con base en datos confiables.

La Defensoría también llamó la atención sobre una modalidad que ha cobrado fuerza en los últimos años: el reclutamiento mediante plataformas digitales y redes sociales. Por ello, la ley ordena diseñar un protocolo que permita prevenir y bloquear contenidos utilizados por organizaciones armadas para captar menores de edad, una tarea que requerirá cooperación entre las autoridades y las empresas tecnológicas.

La estrategia preventiva prevista por la norma busca, además, fortalecer el papel de las familias, las instituciones educativas y las comunidades, promoviendo campañas de sensibilización y una mayor difusión de las rutas de prevención, denuncia y atención para proteger a la población infantil.

En materia educativa, la entidad considera prioritario que el Ministerio de Educación impulse un plan para fortalecer la infraestructura escolar, ampliar la planta docente y garantizar mejores condiciones en las instituciones ubicadas en municipios con mayor riesgo de reclutamiento. Para la Defensoría, una escuela fortalecida representa uno de los principales factores de protección frente a la violencia.

El organismo recordó que la prevención del reclutamiento no puede comenzar únicamente cuando un niño ya ha sido llevado por un grupo armado. La verdadera protección, sostuvo, exige una presencia permanente del Estado en los territorios, oportunidades educativas y sociales para las familias, inversión pública, respuestas oportunas y una articulación efectiva entre todas las instituciones.

El fenómeno continúa siendo una de las violaciones más graves contra los derechos de la infancia en Colombia. Organismos nacionales e internacionales han advertido que los grupos armados ilegales siguen aprovechando las condiciones de pobreza, el aislamiento geográfico, la deserción escolar y la falta de oportunidades para incorporar menores de edad a sus estructuras, utilizándolos como combatientes, informantes, mensajeros o para distintas formas de explotación.

Frente a ese panorama, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando los territorios mediante la emisión de Alertas Tempranas y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables, con el propósito de que la Ley 2590 de 2026 no se convierta únicamente en un nuevo texto jurídico, sino en una herramienta capaz de reducir efectivamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y garantizarles el derecho a construir un futuro lejos de la violencia.