Petición razonable enfocada en proyectos regionales prioritarios

En medio de la crisis fiscal del Estado colombiano es importante destacar que no se pueden utilizar los problemas del Gobierno nacional para apretar la soga y ahorcar a las regiones.

No puede ser un pretexto para frenar la inversión en los departamentos donde hay recursos propios. Existen regiones que tienen ahorros y encuentran trabas en las interpretaciones normativas que no les permiten hacer obras y solucionar problemas prioritarios.

Por eso es importante lo que ha puesto en la mesa el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien no sólo hace una defensa de los intereses de su departamento, sino que muestra que existe una inconsistencia administrativa que afecta a más de veinte territorios.

El contexto fiscal en Colombia es muy serio. Hemos visto cómo el presupuesto de este año se recorta en 13,5 billones de pesos debido al incumplimiento de las metas de recaudo.

Sin embargo, en medio de este proceso de ajuste de cuentas nacionales, no se pueden conservar trabas, ni crear nuevas, para las administraciones departamentales que tienen recursos disponibles.

Lo central es que, según el mandatario santandereano, en el Gobierno pasado se dio una interpretación de la norma que vinculaba el uso de ciertos recursos con la cumplimentación de algunos requisitos en tres sectores, porque, en su momento el diseño de la norma contemplaba que sólo era necesario cumplir con ella en uno sólo de ellos.

Por supuesto que esta discusión no tiene nada que ver con que se le abra el paso a un gasto sin ningún tipo de control. Los recursos públicos deben ser claros y sujetos a inspección y auditorías permanentes.

Sin embargo, tampoco es lógico que por una interpretación cuestionable se cree un bloqueo inquebrantable de inversión. Hay necesidades urgentes de infraestructura y de servicios para los departamentos.

A este respecto, es importante la petición razonable enfocada en proyectos regionales prioritarios que se le ha planteado al Presidente Abelardo de la Espriella.

Es aquí donde el nuevo Gobierno tiene la responsabilidad de revisar el alcance de la norma e identificar cuál es su interpretación para encontrar una solución jurídicamente robusta que permita diferenciar entre el caso en el cual se protege adecuadamente el ámbito financiero territorial y aquellos casos en los cuales se crea un bloqueo de los mismos.

En este sentido, es fundamental que no nos podamos dar el lujo de tener dinero público quieto sin pensar en las necesidades de las comunidades que esperan soluciones.

El procedimiento responsable pasa por arreglar los problemas legales que se presentan para mantener sistemas de control y, de esa resultante, se aprovechan los ahorros regionales para generar desarrollo.

Es vital que el sistema de austeridad sirva para organizar el gasto y no para ahogar la inversión. Que la ley contribuya para que haya resultados legítimos y no que ayude a mantener un bloqueo administrativo.