Tras la realización de una audiencia en el Tribunal Administrativo de Santander, en la que una magistrada de la corporación analiza un incidente de desacato contra el Ministerio de Medio Ambiente, desde la cartera se pronunciaron para asegurar que se encuentran comprometidos con el cuidado del Páramo de Santurbán y el mismo tiempo con el reconocimiento que merecen las comunidades locales. La procuraduría dice lo contrario.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, frente a la audiencia de la verificación del cumplimiento del fallo sobre la delimitación del páramo de Santurbán y teniendo en cuenta algunas manifestaciones que han salido en redes sociales, aclarar de manera contundente que nuestro  compromiso es garantizar la protección de nuestros páramos, del agua y de la vida. Estas son las prioridades de esta cartera y del Gobierno del Cambio”, indicó un vocero del Ministerio en el que se enfatiza que en este aspecto una de las premisas principales es el respeto al cumplimiento de la Sentencia T-361.

“Respecto a los acuerdos suscritos en 2021 y 2022, nuestra posición es y ha sido la misma: El Minambiente  reconoce  los acuerdos 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, reconocemos parcialmente el ineludible 1. Esto tiene una razón de fondo, y es el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 que ordena una mayor protección del páramo en caso de apartarse del área de referencia”, expresó el portavoz del MinAmbiente, quien añadió que la sentencia “ordena una especial consideración con los mineros tradicionales con arraigo territorial, aspecto en el que nos encontramos comprometidos”.

Pese a que el gobierno realiza estas manifestaciones en favor de la protección del derecho de las comunidades mineras ancestrales, la población de la región ha manifestado reiteradamente que la actuación del gobierno nacional por medio del Ministerio de Medio Ambiente ha significado una revictimización por varios factores, los cuales fueron detallados incluso por la Procuraduría General de la Nación durante la diligencia realizada recientemente.

Solicitudes de las comunidades

Por ejemplo, Julio Cesar Rodas Monsalve, Delegado de la Procuraduría General de la Nación para el proceso del incidente de desacato ante el MinAMbiente, fue categórico en reclamar a la representante del Tribunal Administrativo de Santander que ponga en cintura a los funcionarios del alto gobierno que en vez de sentarse a conciliar con las comunidades de la zona se han dado a la tarea de victimizar consecutivamente a la población con la expedición de la resolución 221 de 2025, mediante la cual se decretó la zona de reserva forestal para una amplia zona de los municipios de la provincia de Soto, profundizando aún más la crisis social y económica en la región, ante la imposibilidad de desempeñar sus habituales labores agrícolas y sus ancestral actividad de pequeña minería, respetando y cuidando los afluentes.

“Sugiero respetuosamente al despacho la adopción de medidas judiciales urgentes: la primera no conceder más prórrogas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la delimitación del Páramo de Santurbán, evaluando la adopción de medidas judiciales contundentes incluida la posibilidad de iniciar un incidente de desacato para garantizar la efectiva ejecución de la Sentencia T361 del 2017”, indicó el procurador delegado, quien además solicitó durante la diligencia que se considere la posibilidad de adoptar medidas cautelares sobre la resolución 221 de 2025 para que este procedimiento administrativo asegure la primera observancia de los principios de participación ciudadana, publicidad, transparencia y se acoja a los estándares fijados en el acuerdo de Escazú.

“Deseamos que se ordene un proceso de delimitación más ágil, que se cumplan plenamente las garantías de participación de la ciudadanía y que no haya un traslape entre dos actuaciones administrativas que generan confusión y en últimas una inadecuada protección del páramo, teniendo en cuenta que en primer lugar se debe priorizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que ya lleva 7 años sin cumplirse y que el proceso surtido de la resolución 221 de 2025 no interfiera u obstaculice el proceso de delimitación del páramo, que es un mandato de la honorable corte constitucional”, puntualizó el procurador delegado Julio Cesar Rodas.

Frente a estas solicitudes, la cartera ambiental puntualizó que las decisiones de fondo sobre la delimitación participativa del Páramo de Santurbán se adoptarán en el acto administrativo, una vez se agote el cronograma de trabajo con todos los municipios, conforme a lo establecido en la sentencia de tutela y la ley.