Paloma Valencia asegura que liberación de jefes criminales pone en riesgo la transparencia de las elecciones. ¿Será cierto?
Resumen
Paloma Valencia pidió vigilancia internacional tras la suspensión de capturas de 23 cabecillas criminales, al advertir que podría afectar la transparencia electoral en zonas bajo influencia armada.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La campaña presidencial colombiana suma un nuevo capítulo de alta tensión. La candidata Paloma Valencia encendió las alarmas al solicitar acompañamiento internacional para las elecciones, tras advertir que recientes decisiones judiciales podrían alterar el equilibrio democrático en regiones clave del país.
La aspirante envió cartas a la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de Estado de Estados Unidos, pidiendo una vigilancia especial al proceso electoral colombiano. Su argumento: garantizar que los comicios se desarrollen sin presiones indebidas en territorios con presencia de grupos armados.
El origen de la controversia está en la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, una medida adoptada por la Fiscalía tras solicitud del Gobierno nacional en el marco de acercamientos con estos grupos.
Para Valencia, el momento de la decisión no es menor. A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, considera que esta medida podría convertirse en una herramienta de presión electoral.
“La suspensión de las órdenes de captura podría obligar a las personas a votar por determinado candidato en zonas bajo influencia criminal”, advirtió la candidata, quien sostiene que el mensaje que se envía a las comunidades es profundamente preocupante.
La polémica se conecta directamente con la política de Gustavo Petro conocida como “paz total”, una estrategia que busca negociar con distintos actores armados para reducir la violencia.
El Gobierno ha defendido estas decisiones como parte de procesos de diálogo y sometimiento a la justicia, argumentando que la suspensión de capturas es una herramienta jurídica para facilitar acercamientos y evitar escaladas de violencia.
Sin embargo, Valencia arremetió con dureza contra esta política, calificándola como un “fracaso” que, según su visión, ha terminado fortaleciendo a las organizaciones ilegales en lugar de debilitarlas.
El pedido de vigilancia internacional no es un hecho menor. Colombia ha contado históricamente con misiones de observación electoral, pero la solicitud de Valencia introduce un tono más grave, al sugerir posibles riesgos de coacción del voto en zonas controladas por estructuras criminales.
La candidata insiste en que la comunidad internacional debe “monitorear de cerca” el proceso, en un momento en que la confianza en las instituciones se convierte en pieza clave del ajedrez electoral.
