Pago de millonarias indemnizaciones por culpa de un exalcalde encargado
La Alcaldía de Bucaramanga deberá pagar más de $500 millones por indemnizaciones a 16 exfuncionarios despedidos durante la vigencia de la Ley de Garantías.
La Alcaldía de Bucaramanga deberá pagar más de $500 millones por indemnizaciones a 16 exfuncionarios despedidos durante la vigencia de la Ley de Garantías.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Despidos fueron hechos durante vigencia de la Ley de Garantías
Más de 500 millones de pesos deberá pagar la Alcaldía de Bucaramanga por las indemnizaciones ordenadas a favor de 16 exfuncionarios retirados de sus cargos en noviembre de 2025, durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Las obligaciones surgieron de decisiones judiciales que cuestionaron la legalidad de las desvinculaciones efectuadas durante el calendario previo a las elecciones para la Alcaldía.
Los retiros correspondieron a actuaciones de la administración encabezada por el alcalde encargado, Javier Sarmiento. Uno de los actos que originó las reclamaciones fue el Decreto 774 del 6 de noviembre de 2025, mediante el cual se produjeron nombramientos y remociones.
El Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de nulidad electoral y suspendió los efectos del decreto, al considerar preliminarmente que podía existir un desconocimiento de las restricciones para modificar la nómina durante la Ley de Garantías.
Despidos fueron arbitrarios
Entre los beneficiarios figura Manuel Eduardo Parada Rueda, quien ocupaba el cargo de asesor de despacho. Las reclamaciones fueron presentadas en enero de 2026, tras las declaratorias de insubsistencia.
La Ley 996 de 2005 limita los cambios en la planta de personal de las entidades públicas durante los procesos electorales, salvo las excepciones previstas por la norma.
Su propósito es proteger la transparencia y evitar que decisiones sobre empleo público tengan incidencia en las campañas. Las decisiones judiciales determinaron que los retiros cuestionados no estaban amparados por esas excepciones, que fueron arbitrarios y ordenaron reconocer las indemnizaciones correspondientes cuya erogación representa un impacto fuerte para las finanzas del municipio.
