Ordenan al alcalde de San Gil demoler viviendas en estado de ruina que amenazan la integridad de vecinos y transeúntes

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó recientemente una dura sanción económica contra el alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, quien deberá pagar la suma de ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con lo ordenado en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil, por no haber actuado oportunamente para proteger la integridad de la ciudadanía que transita por un concurrido sector de la Perla del Fonce.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

A San Gil no solo la preceden sus atractivos turísticos y sus bellos paisajes, sino que también su historia muy ligada a su riqueza arquitectónica y urbanística. Sin embargo, muchas de las emblemáticas viviendas hoy están bajo amenaza debido a que la administración municipal no ha ejecutado una serie de obras tendientes a lograr la conservación de la preciada arquitectura de tapia pisada, en varias viviendas del centro histórico.

“Primero: Declarar que el Dr. Edgar Orlando Pinzón Rojas, en su calidad de Alcalde Municipal de San Gil, incurrió en desacato respecto a las obligaciones impuestas en la providencia que decretó medida cautelar proferida dentro del proceso de la referencia el día 9 de septiembre de 2024. “Segundo: Como consecuencia de lo anterior, al Alcalde Municipal de San Gil con multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales, deberán ser consignados a órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia”, dice uno de los apartes resolutivos de la sentencia en la cual ordena de manera imperativa al Alcalde Pinzón Rojas que, sin más dilaciones, proceda a cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas dentro del presente proceso al momento de decretarse la medida cautelar correspondiente mediante providencia de fecha 9 de septiembre de 2024, en la que funge como demandante el veedor ciudadano Marco Antonio Velázquez.

La decisión que cita el tribunal al emitir el incidente de desacato tiene que ver con un fallo emitido por un juez del Distrito Judicial de San Gil mediante el cual se le ordenó al mandatario local de la Perla del Fonce, proteger los derechos colectivos de su comunidad al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; así como amarrarse el cinturón para ejercer, con actos administrativos y ejecución presupuestal, la correcta defensa del patrimonio público y cultural de la Nación, representado en la riqueza urbanística del centro histórico de la localidad.

Todo esto se da en el marco del franco deterioro una serie de viviendas que están en riesgo de colapso, algunas de ellas con gran parte de su estructura ya en el suelo, y otras amenazando no solo a viviendas vecinas sino también a los transeúntes del concurrido sector comprendido por carrera 11 entre las calles 19 y 20 de San Gil.

“Sobre este punto se verifica que el ente territorial da cuenta de la realización de la visita el día 10 de septiembre de 2024, dentro de la cual se indica que las viviendas presentan estado de ruina, pues la evaluación estructural revela que las edificaciones carecen de cualquier tipo de sistema de resistencia sísmica”, dice el fallo citando un análisis elaborado por la propia alcaldía municipal.

No obstante, se observa que las recomendaciones que se plasman en la visita técnica no fueron ejecutadas dentro del mes siguiente – 17 de octubre de 2024- tal y como se impuso en la orden judicial, razón por la cual se le dio un plazo perentorio al alcalde para que ejecute las obras relacionadas con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y residentes de la zona.