Obras de la Arena Bonita quedarían paralizada por la nulidad de Fodecol
La nulidad de Fodecol no es definitiva y su efecto queda en espera de segunda instancia, por lo que la entidad sigue operando mientras se revisa el fallo.
La nulidad de Fodecol no es definitiva y su efecto queda en espera de segunda instancia, por lo que la entidad sigue operando mientras se revisa el fallo.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La entidad continúa con sus obligaciones y espera segunda instancia
La nulidad en primera instancia del acuerdo que permitió crear Fodecol no apaga, por ahora, la operación de la entidad ni paraliza de forma automática los contratos vinculados a proyectos como la Arena Bonita.
El proceso entra en una nueva fase judicial, mientras la decisión puede ser controvertida ante el Tribunal Administrativo de Santander. La demanda, presentada por el exrepresentante a la Cámara Cristian Avendaño, cuestionó la legalidad del acuerdo aprobado por el Concejo de Capitanejo. El fallo declaró su nulidad, aún no tiene carácter definitivo.
El abogado Carlos Alfaro explicó que las partes pueden pedir aclaraciones dentro de los términos legales y después interponer el recurso de apelación.
Ese mecanismo tendría efecto suspensivo, por lo que, mientras se resuelve la segunda instancia, el acto que creó Fodecol conserva su presunción de legalidad.
Fallo sería en 2027
Este escenario permite que la entidad continúe con sus actividades actuales y evita una suspensión inmediata de los contratos. Los negocios jurídicos celebrados por Fodecol no quedan nulos de manera automática.
Cada contrato deberá ser examinado por separado para establecer si existen irregularidades en su celebración o ejecución, incluidos los compromisos pendientes y las obligaciones vigentes de Fodecol.
La ruta judicial podría llevar el expediente al Tribunal durante octubre. Según Alfaro, una decisión definitiva de segunda instancia difícilmente llegaría antes de terminar 2026.
El fallo también puede abrir revisiones de organismos de control. Procuraduría, Contraloría y Fiscalía podrían intervenir, dentro de sus competencias, ante posibles hallazgos relacionados con recursos públicos, contratación y ejecución de los proyectos.
