Nuevo decreto de Milei abre la puerta a porte legal de fusiles y subametralladoras en Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a encender la polémica al autorizar la venta y tenencia de armas semiautomáticas de alto calibre para civiles, una medida que revierte una prohibición vigente desde 1995.

Este nuevo decreto, el 397/25, se suma a una serie de acciones de su Gobierno que apuntan a la desregulación del uso de armas de fuego en manos de la ciudadanía.

La decisión permite la adquisición de armamento como fusiles, carabinas o subametralladoras por parte de civiles, siempre bajo un "régimen de autorización especial" que deberá ser desarrollado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Aunque Milei moderó su discurso pro-libre portación durante la campaña electoral, sus acciones reflejan su ideología libertaria y su constante sintonía con líderes de ultraderecha global en el tema de armas.

Camino a la desregulación

Esta nueva normativa no es un hecho aislado. En diciembre pasado, el Gobierno redujo la edad mínima para ser usuario de armas de 21 a 18 años.

Recientemente, también se anunció la "tenencia exprés", digitalizando el trámite para obtener el permiso como poseedor de armas de fuego. Si bien la digitalización en sí no es negativa, el mensaje gubernamental de "facilitar las cosas a quien se quiera armar" genera preocupación.

La justificación del decreto 397/25 se basa en tres puntos: la necesidad de reevaluar los mecanismos de control tras 30 años, la regularización de armas preexistentes que no pudieron transferirse, y la posibilidad de uso en actividades deportivas o lícitas. Sin embargo, expertos advierten sobre las consecuencias de estas decisiones.

Alarmas están encendidas

La Red Argentina para el Desarme ha sido una de las voces más críticas. Julián Alfie, miembro de la organización, calificó la medida como "muy peligrosa", cuestionando la necesidad social de que circulen este tipo de armas.

Alfie alerta que un aumento de armas más letales en el mercado legal podría llevar a un mayor desvío hacia el mercado ilegal, beneficiando a las organizaciones criminales.

Argentina, con 46 millones de habitantes, cuenta con cerca de un millón de usuarios de armas registrados y 1,7 millones de armas autorizadas. Sin embargo, se estima que las armas no registradas duplican esa cantidad, lo que añade una capa de complejidad al panorama de la seguridad.

La autorización del uso de armas semiautomáticas en Argentina contrasta con la tendencia en otros países que las han prohibido para reducir la violencia, como Nueva Zelanda después del atentado de Christchurch en 2019.

La preocupación radica en el alto nivel de daño que pueden causar estas armas y su potencial para agravar la violencia social.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el organismo encargado de la aplicación y control, opera actualmente con recursos limitados, lo que profundiza la inquietud sobre la implementación efectiva de estas nuevas regulaciones.