¿Motos de $14 millones facturadas por $40 millones? Cuestionan a contratistas y funcionarios en Barrancabermeja

Lo que comenzó como un suministro para fortalecer la capacidad operativa de la administración distrital hoy es objeto de investigaciones simultáneas por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Distrital. Hablamos de un contrato público para la compra de motocicletas que podrían desentrañar un posible caso de sobrecostos, presuntas inconsistencias documentales y eventuales responsabilidades patrimoniales y judiciales en Barrancabermeja.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En el centro de la controversia aparece el contrato de compraventa No. 4879-24, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la empresa Grupo Empresarial SFMT S.A.S., cuya representante legal figura como Andrea Fuentes. De acuerdo con la denuncia conocida por distintas autoridades, detrás de la operación empresarial también estaría el contratista Carlos Sanabria Monsalve, vínculo cuya existencia deberá ser establecida oficialmente por los organismos competentes durante las investigaciones.

La principal alarma surgió por el valor pagado por las motocicletas. Según los documentos allegados a los entes de control, el negocio fue adjudicado inicialmente por aproximadamente 425 millones de pesos para la adquisición de diez motocicletas. Sin embargo, la ejecución habría terminado con la entrega de únicamente seis vehículos por un valor cercano a 240 millones de pesos, es decir, alrededor de 40 millones de pesos por cada motocicleta.

Ese precio es precisamente el punto que hoy despierta mayores interrogantes. Los denunciantes sostienen que vehículos con características similares tendrían un valor comercial muy inferior, lo que hace sospechar de un eventual sobrecosto que ahora deberá ser determinado mediante peritazgos técnicos y estudios de mercado dentro de las investigaciones oficiales. Hasta el momento ninguna autoridad ha establecido la existencia de un detrimento patrimonial, pero ese será precisamente uno de los objetivos de la actuación fiscal abierta.

La controversia no termina allí. La denuncia también pone bajo observación la prolongada suspensión que habría tenido el contrato, la forma como se modificó su ejecución, la consistencia de la documentación contractual, las facturas presentadas y la manera en que finalmente fue liquidado el negocio. Pese a que el número de motocicletas habría disminuido frente a lo inicialmente contratado, el acta final registraría un cumplimiento satisfactorio, circunstancia que ahora será revisada por los organismos de control.

Mientras las investigaciones avanzan, otro componente del caso alimenta la polémica. Varias personas aseguraron haber entregado recursos económicos a los contratistas bajo la promesa de que serían reintegrados una vez la Alcaldía cancelara las cuentas del contrato.

Según esas versiones, posteriormente les habrían informado que la administración distrital aún no había efectuado los pagos. Sin embargo, los denunciantes afirman haber obtenido información de la Tesorería Distrital según la cual esas obligaciones ya se encontraban canceladas. Tales afirmaciones hacen parte de las denuncias y también deberán ser verificadas por la Fiscalía durante el proceso penal.

El expediente ya recorre tres escenarios distintos. En el ámbito penal, la Fiscalía deberá establecer si existieron conductas constitutivas de delito relacionadas con la ejecución contractual. Paralelamente, la Procuraduría evaluará si hubo posibles faltas disciplinarias por parte de servidores públicos que participaron en la planeación, supervisión o liquidación del contrato.

En materia fiscal, la Contraloría Distrital confirmó la apertura de una Actuación Especial de Fiscalización, procedimiento mediante el cual solicitó oficialmente información a la Alcaldía para revisar cada etapa de la contratación y determinar si existió un eventual daño al patrimonio público. Las actuaciones especiales de fiscalización constituyen uno de los principales mecanismos de control para examinar denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos.

La revisión no se limitará únicamente al precio de las motocicletas. Los auditores también deberán establecer si los estudios previos justificaban los valores contratados, si existieron cotizaciones suficientes para soportar el presupuesto oficial, si la supervisión verificó correctamente la entrega de los bienes y si la liquidación contractual cumplió con las exigencias legales.

Expertos en contratación estatal consultados en distintos procesos similares recuerdan que un precio superior al promedio del mercado no constituye automáticamente un acto de corrupción.

Para demostrar un eventual detrimento patrimonial resulta indispensable realizar análisis técnicos que comparen especificaciones, equipamiento, garantías, impuestos, accesorios y demás elementos que puedan explicar diferencias económicas. Precisamente por ello las actuaciones fiscales suelen incluir estudios especializados antes de emitir cualquier conclusión definitiva.

El caso ha generado un fuerte impacto en Barrancabermeja porque revive el debate sobre los mecanismos de control en la contratación pública y la necesidad de fortalecer la supervisión de los recursos oficiales. La expectativa ahora se concentra en las decisiones que adopten los tres organismos de control, cuyas investigaciones podrían derivar, si encuentran méritos, en procesos de responsabilidad fiscal, sanciones disciplinarias o actuaciones penales.

Por ahora, ninguna autoridad ha emitido decisiones de fondo ni ha atribuido responsabilidades definitivas a las personas mencionadas. La investigación apenas comienza y serán la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las encargadas de establecer si existieron sobrecostos injustificados, irregularidades administrativas o afectaciones al patrimonio de los barranqueños, o si las actuaciones denunciadas encuentran respaldo técnico y jurídico suficiente. Mientras eso ocurre, el expediente ya se perfila como uno de los casos de contratación pública con mayor repercusión política y judicial en Barrancabermeja durante este año.