Mineros y Campesinos de Santurbán pedirán a De la Espriella que derogue todo lo que Petro hizo en Santurbán

En las montañas de California, Suratá y los demás municipios de Soto Norte, la discusión sobre Santurbán dejó hace mucho de ser solamente una disputa ambiental. Allí, donde el páramo, los bosques, las quebradas y las vetas de mineral conviven con familias campesinas que llevan generaciones habitando el territorio, quedó abierta una herida que el gobierno de Gustavo Petro decidió profundizar en sus últimos días.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Mientras el Ministerio de Ambiente presenta como un triunfo histórico las decisiones adoptadas sobre el complejo de páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, las comunidades tienen otra lectura: sienten que durante el gobierno Petro se construyó una política ambiental que puso el agua por encima de las personas, convirtió la protección del territorio en una sucesión de restricciones y terminó colocando bajo sospecha una actividad minera que, según los habitantes de la región, hace parte de su propia historia y de su manera de sobrevivir.

El Gobierno saliente habla de protección integral, participación comunitaria y seguridad hídrica. Los campesinos y mineros de Soto Norte hablan de incertidumbre, pérdida de oportunidades, temor al desplazamiento y falta de garantías para continuar desarrollando actividades económicas en el territorio.

Y ahora esperan que el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella abra nuevamente esta discusión y revise, una por una, las decisiones adoptadas durante la administración Petro.

El último golpe llegó cuando el Gobierno ya se iba

El 6 de agosto de 2026, a pocos días del cambio de Gobierno, el Ministerio de Ambiente anunció tres resoluciones que calificó como un avance sin precedentes para la protección de Santurbán. Una de ellas, la Resolución 0992 de 2026, delimitó progresivamente 29.199,44 hectáreas del sistema de páramos en jurisdicción de 19 municipios y agregó nueve poblaciones beneficiarias del recurso hídrico. Otra, la Resolución 0994 de 2026, declaró una reserva definitiva de recursos naturales renovables sobre 1.499,23 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California.

La tercera decisión prorrogó hasta el 4 de marzo de 2029 una zona de reserva temporal que ahora alcanza 73.432,42 hectáreas e incorpora 88 hectáreas relacionadas con trámites mineros.

Para el Ministerio, se trata de cumplir una deuda histórica con el ecosistema y con la sentencia T-361 de 2017. La propia cartera sostiene que las decisiones fueron construidas con participación de las comunidades y que buscan garantizar el agua que abastece a Bucaramanga, su área metropolitana y Cúcuta.

Pero para buena parte de quienes viven en el territorio, la fotografía es completamente distinta. Porque mientras Bogotá celebra la ampliación de las figuras de protección, en las montañas de Santander hay familias preguntándose qué ocurrirá con sus tierras, sus trabajos, sus títulos, sus actividades productivas y el futuro de sus hijos.

“Proteger el agua” no puede significar desaparecer al campesino

Ese es precisamente el punto central del reclamo. Nadie en Soto Norte parece desconocer la importancia de Santurbán ni la necesidad de proteger las fuentes de agua. El problema, según las comunidades, está en que durante años la discusión se redujo a una falsa elección: agua o minería; páramo o campesinos; conservación o actividad económica.

Y en esa ecuación, denuncian, el campesino terminó perdiendo. Las comunidades sostienen que llevan generaciones desarrollando actividades mineras y agropecuarias y que no pueden ser tratadas como si hubieran aparecido ayer en el territorio. Una de las denuncias incorporadas a la acción judicial sostiene que miles de familias llevan más de 450 años vinculadas a la región y que las decisiones adoptadas podrían conducirlas a la pobreza, al desplazamiento o incluso a la ilegalidad.

La paradoja que plantean es brutal: una política diseñada para combatir las actividades que deterioran el ambiente podría terminar empujando a trabajadores legales o tradicionales hacia la informalidad. El reclamo no consiste, al menos en los términos planteados por las comunidades, en abrir las puertas a una minería sin controles. Consiste en exigir que quienes han vivido históricamente en el territorio también sean considerados parte de la solución ambiental.

La declaratoria definitiva sobre la microcuenca de La Baja es uno de los principales puntos de conflicto. El Ministerio asegura que dentro de las 1.499,23 hectáreas no podrán otorgarse nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería, aunque aclara que se respetarán las situaciones jurídicas consolidadas. También sostiene que la pequeña minería no queda prohibida y que puede avanzar hacia procesos de formalización bajo condiciones ambientales, entre ellas la prohibición del uso de mercurio y cianuro.

Sobre el papel, podría parecer una medida equilibrada. Pero en California la discusión no termina en lo que dice la resolución. El verdadero interrogante es qué ocurrirá con las actividades económicas existentes, con los proyectos en trámite, con los predios rurales y con las familias que dependen directa o indirectamente de la economía minera. Por eso las comunidades decidieron acudir a los tribunales.

Documentos modificados durante la consulta

El conflicto adquirió una dimensión mucho más delicada después de que comunidades de California denunciaran presuntas irregularidades durante la consulta pública. La acción de tutela fue presentada por Rosa Amira Mendoza Jaimes, exconcejal de California y dirigente de una organización de mujeres mineras y ambientales de Soto Norte, con el respaldo de habitantes del municipio y asociaciones mineras de California y Suratá. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga admitió la acción, en la que se denuncian posibles vulneraciones a los derechos de acceso a la información, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad.

De acuerdo con un informe pericial de informática forense aportado por los reclamantes, durante el período de consulta, entre el 15 y el 29 de julio, se habrían modificado documentos disponibles en los canales oficiales, cambiado enlaces de descarga, sustituido archivos e incorporado nueva documentación cuando quedaban pocos días para el cierre de las observaciones.

La denuncia afirma además que inicialmente estaban disponibles cinco archivos y posteriormente aparecieron catorce, mientras que la cartografía indispensable para conocer el alcance territorial de la reserva habría sido incorporada tardíamente.

Si esas denuncias son confirmadas por las autoridades competentes, la controversia dejaría de ser simplemente ambiental y pasaría a convertirse en un problema de garantías democráticas.

Porque una comunidad no puede participar realmente en una consulta si no sabe exactamente qué se está consultando.