Las reclamaciones de los amigos de Edwin Palma
Se cuestiona la falta de un sistema técnico verificable en la convocatoria de regalías 2025-2026, lo que habría abierto la puerta a presuntas exigencias de coimas para seleccionar proyectos.
Se cuestiona la falta de un sistema técnico verificable en la convocatoria de regalías 2025-2026, lo que habría abierto la puerta a presuntas exigencias de coimas para seleccionar proyectos.
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Desde esta misma tribuna, en una columna anterior, di a conocer las revelaciones que me contaron algunos alcaldes y varios empresarios involucrados en la convocatoria pública del Sistema General de Regalías, dirigida a los 209 municipios productores de recursos no renovables, para repartir el “incentivo a la producción” del bienio 2025-2026.
Por Óscar Jahir Hernandez
Según ellos, su interés era presentar proyectos de energía eléctrica, minería y gas, según las disposiciones establecidas en la Resolución 40043 del 16 de febrero de 2021, pero lamentablemente esa intención se vio truncada cuando se dieron cuenta de que la convocatoria no tenía un sistema de calificación serio y verificable.
Para escoger entre cientos de proyectos de 209 municipios, no había una tabla de puntajes conocida de antemano, con criterios medibles, en la que cada alcalde pudiera ver cuántos puntos obtenía su proyecto. El propio Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Energía me respondieron por escrito, que en los proyectos de incentivo a la producción su Secretaría Técnica no hace verificación de requisitos.
La priorización y la aprobación quedan en cabeza del OCAD Paz. Es decir, entre la radicación del proyecto y su aprobación no hubo un filtro técnico independiente que dejara constancia pública de por qué un proyecto entraba y otro no. Ese vacío es el que, según me relataron los alcaldes y empresarios, abrió la puerta a lo que vino después: la exigencia de coimas para quedar entre los seleccionados. Y en honor a la verdad, el diseño de la convocatoria no muestra ninguna herramienta que pruebe que esto no es cierto.
Unido a esto, ellos mismos relatan que tuvieron varias reuniones en las oficinas del ministerio y en el hotel Hilton de Corferias en Bogotá, donde les manifestaron que para quedar en la convocatoria, tenían que pagar un porcentaje del valor del proyecto que presentaban.
A quienes señalaron de estar detrás de esto, fue a Diego Armando Acosta Osorio y a Rudin Heriberto Sánchez. Tanto Acosta como Sánchez, presentaron una solicitud de rectificación, retiro de las publicaciones y revelación de las fuentes.
El problema es que no se puede rectificar cuando las palabras son ajenas, y mucho menos revelar la identidad de quienes hablan si temen represalias por hacerlo (Sentencia T-452 de 2022). Un alcalde que denuncia estas cosas tiene razones de sobra para pedir anonimato. Si entregara los nombres, nadie más volvería a hablar, y lo que se perdería no es mi columna, sino la posibilidad de que estas cosas se sepan.
Aquí no se ha afirmado delito alguno en cabeza de alguien, y si muy al contrario se le ha pedido a las autoridades que investiguen si todo esto es cierto. Si son inocentes, nadie debería tener más interés que ellos mismos en que esas entidades revisen, proyecto por proyecto, cómo fue que se escogieron a los ganadores del incentivo a la producción. Y aún falta hablar del aumento del cupo para las gasolineras y las minas de oro en Marmato y otras partes del país.