La paz soñada

A miles de kilómetros de los micrófonos de la capital, en las veredas del Cauca, el Catatumbo o las cuencas del Pacífico, las discusiones de la paz no se miden en comunicados ni acuerdos firmados en salones elegantes. Se miden en algo mucho más simple y drástico: la libertad de caminar al amanecer sin el temor de pisar una mina antipersonal o a quedar atrapado en un enfrentamiento bélico.

Desde hace años, el país ha querido articular una narrativa de paz que prometa el fin de la violencia armada, mediante el diálogo estratégico, siendo un propósito loable, pues ningún país sensato y desarrollado puede preferir la guerra cuando existe una ruta civilizada para el acuerdo de las partes en conflicto. Sin embargo, la brecha entre el diseño teórico de las políticas de paz y la vivencia cotidiana de la ciudadanía en las regiones se ha convertido en un abismo peligroso.

El error recurrente ha sido asumir que la voluntad de negociar sustituye la obligación constitucional de brindar seguridad. En la práctica, el repliegue o la vacilación del Estado en zonas históricamente disputadas, no genera un vacío de poder neutro; ese espacio es aprovechado de inmediato por grupos al margen de la ley que diversifican sus rentas criminales. Mientras en las mesas de diálogo se debaten agendas políticas, en los territorios la población enfrenta extorsiones cotidianas, reclutamientos forzados de menores y la imposición de “puntos de control” por parte de estructuras armadas que operan en esos territorios como autoridades de facto.

La paz sin garantías territoriales se transforma en ilusión retórica. La seguridad no es una postura ideológica de mano dura, ni un obstáculo para la concertación, es la condición previa para que cualquier proceso de paz sea sostenible. Sin el control institucional de la zona, los ceses al fuego pierden su efectividad y terminan convertidos en treguas tácticas, que las organizaciones al margen de la ley emplean para consolidar su presencia geográfica y financiera.

Para que la política de paz recobre credibilidad, debe responder primero a las comunidades golpeadas por el conflicto. El éxito de una estrategia de seguridad e inclusión no se evalúa por el número de mesas de conversación instaladas, sino por indicadores concretos: la reducción real de los desplazamientos forzados, el cese efectivo del confinamiento de comunidades enteras, del reclutamiento de menores y el restablecimiento de la fuerza pública -no como un actor amenazante, sino como garantía ciudadana de justicia y orden-.

Colombia no puede permitir convertir la paz en una promesa abstracta y postergada, mientras las regiones pagan el costo en vida humanas. Llego la hora de comprender que la paz y la seguridad no son conceptos antagónicos, sino dos caras de la moneda. Sin seguridad no existe territorio donde la paz pueda echar raíces.