La necesaria coherencia

La coherencia -que implica correspondencia lógica entre los distintos componentes de algo- es elemento fundamental en todos los ámbitos, especialmente en el pensamiento, en el comportamiento y la actividad individual y en el seno de toda comunidad o grupo humano. Fundada en la razón, resulta indispensable en la palabra, en el discurso, en la prédica religiosa, en la política, en la enseñanza, en la legislación, en las decisiones administrativas o judiciales.

Particularmente en el gobierno, organización y conducción de un Estado, la incoherencia da lugar a la pérdida de credibilidad y a la desconfianza pública. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo estamos viendo hoy en varios países. A título de ejemplo, no ha sido coherente el presidente de los Estados Unidos cuando, tras declarar la guerra contra Irán y apoyar el genocidio que tiene lugar en Gaza, reclama para sí mismo el Premio Nobel de Paz. Ni sería coherente -en cualquier país- un político que, durante su campaña, hubiese prometido disminuir los impuestos a las clases menos favorecidas, pero -ya en el gobierno- impulsara una reforma con el objeto de incrementar las cargas tributarias para esos mismos sectores de la población, y de favorecer a los más poderosos.

Sería totalmente contradictorio e incoherente, invocar de manera constante a Jesucristo -cuyas formidables enseñanzas estaban centradas en el amor y en la paz- para, a renglón seguido, hacer llamados públicos al odio, la guerra, la injusticia y la violencia.

No sería coherente un gobierno que se declarara respetuoso de la historia, el arte, la educación y la cultura, pero ingresara abusivamente en museos y bibliotecas, para extraer piezas, símbolos, documentos y libros por el solo hecho de no compartir su contenido u orientación ideológica.

Serían incoherentes los funcionarios administrativos o policiales que, habiéndose proclamado demócratas y respetuosos del orden jurídico, pretendieran invadir el terreno propio de la función y atribuciones judiciales, señalando públicamente como delincuentes a personas no condenadas o efectuando capturas sin orden judicial y sin que hubiese flagrancia, o hicieran uso abusivo de la fuerza.

Asimismo, un juez o tribunal sería no solo incoherente sino prevaricador si pusiera los procesos judiciales y sus providencias al servicio de una determinada causa política.

Sería contradictorio e inadmisible -en un Estado supuestamente democrático y respetuoso de su Constitución- que un jefe de Estado, elegido por el pueblo, habiendo jurado garantizar los derechos y libertades, procediera, en la práctica, a propiciar la censura en los medios, discriminara entre sus periodistas, excluyera de las ruedas de prensa a los informadores críticos o buscara la supresión de espacios de controversia y verificación.

Pero, desde luego, tampoco sería consecuente ni coherente un medio de comunicación que reclamara el derecho a la información veraz e imparcial, pero, en el ejercicio de su actividad periodística, presentara informaciones falsas, inexactas, engañosas o tergiversadas, parcializadas e inclinadas políticamente, a favor o en contra de un gobierno o de ciertas personas. Si así obrase, vulneraría los derechos de quienes integran su audiencia y perdería por completo su credibilidad. Exactamente lo opuesto a la función que deben cumplir los medios en la comunidad, de manera libre pero independiente. La coherencia en la actividad pública es indispensable.