La JEP en su encrucijada
El Gobierno propone recortar el presupuesto de la JEP y cerrar su operación en 2028, desatando críticas por el riesgo para las víctimas y los compromisos internacionales.
El Gobierno propone recortar el presupuesto de la JEP y cerrar su operación en 2028, desatando críticas por el riesgo para las víctimas y los compromisos internacionales.
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Partidarios del Gobierno han anunciado que se recortará el presupuesto para 2027 para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en unos ciento setenta mil millones de pesos y que, además, se tramitarán los ajustes normativos para que termine sus funciones definitivamente en marzo del año 2028 y no se utilicen las prórrogas previstas en los acuerdos y pasen los expedientes a la jurisdicción ordinaria.
Por: Jaime Arrubla
Se le restarán $140.000 millones en el rubro de inversión y $30.000 millones en gastos de funcionamiento. El presupuesto general para la entidad quedaría fijado en $721.803 millones. Los recursos recortados se trasladarán principalmente para fortalecer la justicia ordinaria ($100.000 millones destinados al Consejo Superior de la Judicatura) y para programas del sector Deporte ($70.000 millones).
La iniciativa ocasionó todo un debate público entre los sectores cercanos al gobierno que aplauden la iniciativa y quienes la critican aduciendo que se rompen compromisos internacionales; se perjudica a las víctimas del conflicto armado; incluso provocó una reacción de alarma en dicho organismo judicial, que observan estas medidas como una "asfixia económica" y el ataque institucional más grave que ha recibido la jurisdicción.
Advierten que desfinanciar y forzar el cierre prematuro del tribunal pone en riesgo crítico las garantías de reparación y verdad para las víctimas del conflicto armado. Incluso, la JEP ya remitió cartas formales de alerta a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordando que el Estado colombiano asumió compromisos internacionales para blindar la operación de este sistema.
Sectores liderados por los parlamentarios ponentes y respaldados públicamente por el gobierno nacional sustentan el recorte presupuestal bajo las premisas de austeridad, responsabilidad fiscal y optimización del gasto público, señalando aparentes excesos administrativos en la entidad; como pagos excesivos de arriendos, contratos de servicios innecesarios, sobresueldos, etc.
Cuando se adelantó el proceso de “Justicia y Paz” con los paramilitares se acordó que la ley y sus beneficios se aplicaría por Salas Especiales en algunos tribunales del país. Se buscaba no crear más organismos; ahorrar gastos y cumplir con parámetros internacionales, de no crear tribunales, para juzgar hechos pasados, como pasó con Nuremberg, que se creó después de ocurrido el hecho.
La JEP fue una exigencia de las Farc por conducto de su asesor Santiago, que impusieron como línea roja la creación de esta jurisdicción a todas luces innecesaria. Lo poco que ha hecho, lo podría haber realizado la jurisdicción ordinaria, con mayor agilidad y mejores logros.
No es cierto, además, que sea crucial para la reparación de las víctimas y para encontrar la verdad de lo sucedido. Otra institución, de la cual afortunadamente salimos era la encargada de hallar la verdad de lo sucedido, la Comisión de la Verdad; la reparación no va a ser posible, pues los victimarios no entregaron los activos que se requerían para el efecto; y el componente de justicia, que es lo que le correspondía a la JEP, se escondió tras de un manto de impunidad por su lentitud e inoperancia.
