La cura peor que la enfermedad: fallo contra policlínica por daños permanentes a un menor durante la aplicación de una inyección
El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por una inyección mal aplicada en una clínica de la Policía que causó lesiones irreversibles a un niño de cuatro años.
El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por una inyección mal aplicada en una clínica de la Policía que causó lesiones irreversibles a un niño de cuatro años.
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Una dosis de dipirona mal aplicada en una clínica de la Policía en Envigado le causó a un menor de cuatro años una lesión irreversible en el nervio ciático. El daño le provocó dolor crónico, deformidad física, afectaciones neurológicas y dependencia a medicamentos opioides. La Nación deberá responder económicamente por las consecuencias del procedimiento.
El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad patrimonial de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por las graves lesiones permanentes que sufrió un niño de cuatro años, luego de que personal de salud de una clínica de la institución le aplicara incorrectamente una inyección intramuscular en Envigado, Antioquia.
Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2008, cuando el menor Puerta fue llevado al servicio de urgencias de la Clínica de la Policía Nacional por presentar fiebre y dolor generalizado. Durante la atención médica le suministraron una inyección de dipirona que, por una inadecuada técnica de aplicación y por fuera de la zona anatómica de seguridad, terminó lesionándole el nervio ciático derecho.
Lo que debía ser un procedimiento médico rutinario terminó convirtiéndose en una afectación que ha acompañado al menor durante buena parte de su vida. Las consecuencias incluyeron dolor crónico, deformidad física, alteraciones permanentes en la movilidad de su pierna derecha y daños en el sistema nervioso periférico.
El expediente también documentó complicaciones derivadas del tratamiento prolongado del dolor, entre ellas dependencia a medicamentos opioides y afectaciones en su salud mental. La valoración médica estableció, además, una pérdida de capacidad laboral del 35 %.
Una falla médica que terminó en los tribunales
La familia del menor acudió a la justicia mediante una demanda de reparación directa contra la Nación, buscando que se reconocieran los daños ocasionados por la atención médica recibida en las instalaciones de la Policía.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 24 de febrero de 2022, declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por una falla probada del servicio y ordenó el reconocimiento de indemnizaciones por perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales.
La Policía Nacional apeló la decisión, pero el Consejo de Estado, después de revisar las pruebas documentales y el dictamen pericial, concluyó que estaba demostrado el error en la aplicación de la inyección y su relación directa con las lesiones sufridas por el niño.
Uno de los aspectos relevantes del fallo fue que el alto tribunal descartó cualquier responsabilidad de la madre en la producción del daño. La institución había planteado una posible conducta de la progenitora como causa de las lesiones, pero no encontró pruebas de que hubiera incumplido alguna recomendación médica o que su comportamiento hubiera contribuido al resultado.
Más de $126 millones por perjuicios materiales
La decisión judicial confirmó los reconocimientos económicos establecidos en primera instancia. Johan Camilo recibirá una indemnización equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño a la salud y otros 60 salarios mínimos por perjuicios morales.
Por concepto de lucro cesante, la condena asciende a $126.011.097,93, mientras que por daño emergente se reconocieron $258.004,52.
También se ordenaron indemnizaciones por perjuicios morales para sus familiares: 60 salarios mínimos para cada uno de sus padres, 30 salarios mínimos para cada una de sus hermanas, y otros 30 salarios mínimos para su abuela.
De esta manera, el Consejo de Estado dejó en firme la condena contra la Nación y confirmó que la lesión no fue consecuencia de una complicación inevitable del tratamiento, sino de una falla en la prestación del servicio médico.
El pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones públicas frente a la calidad y seguridad de los procedimientos médicos que realizan sus profesionales. En este caso, una inyección aplicada incorrectamente a un niño de cuatro años produjo consecuencias irreversibles para su salud y su movilidad, y comprometió su calidad de vida desde la infancia.