Los menores reclutados y escuelas rurales bajo ataque, el panorama de la niñez en el marco del conflicto

En el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, en el que se conmemora el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe el uso de menores de edad en los conflictos armados, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, hizo un llamado para detener el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes e instó a los grupos al margen de la ley a dejar a la comunidad educativa por fuera del conflicto armado.

De igual forma, la ministra Vergara rechazó el atentado contra la ruta escolar en el municipio de Piamonte, en el que resultaron heridos menores de edad. "Lamentamos lo ocurrido en el departamento del Cauca y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad educativa. Este tipo de actos violentos contra los niños y niñas son reprochables y nos llenan de dolor", dijo.

En noviembre de 2022, el Estado colombiano se adhirió a la Declaración de Escuelas Seguras, un instrumento político a través del cual los gobiernos reconocen los distintos obstáculos que afectan a la educación durante los conflictos armados y formulan compromisos para mejorar la protección brindada a los estudiantes, docentes, al personal administrativo y a los establecimientos educativos.

"El acceso a la educación es el derecho vital que tienen nuestros niños y jóvenes para su libre desarrollo. Debemos garantizar que los entornos escolares sean espacios protectores y seguros, y velar para que la comunidad educativa se mantenga por fuera de cualquier dinámica de la guerra", afirmó la ministra Vergara.

A través del Plan de Acción Nacional de Escuelas Seguras se insta a los gobiernos locales a implementar las siguientes acciones:

1. Identificar en cada territorio las escuelas e Instituciones de Educación Superior que se han visto afectadas o que podrían serlo, en el marco del conflicto armado.

2. Implementar programas de capacitación con la participación de las comunidades para la identificación, prevención, reducción y respuesta a los riesgos que ponen en peligro o amenazan el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de conflicto.

3. Fortalecer la infraestructura educativa y la dotación de las instituciones educativas que se encuentren con afectación, para garantizar entornos protectores y seguros.

4. Generar acciones de educación para la prevención frente al riesgo de minas.

5. Desarrollar directrices para la prevención del uso militar de escuelas e Instituciones de Educación Superior.

6. Promover mecanismos de investigación, reporte y seguimiento ante las denuncias sobre infracciones de las normas nacionales e internacionales aplicables en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

7. Dar asistencia prioritaria a las víctimas de los ataques ocasionados a las escuelas e Instituciones de Educación Superior, sin discriminación alguna.