¡La barbarie con uniforme guerrillero! JEP imputa crímenes sexuales y de lesa humanidad a 11 exjefes de las Farc
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las Farc por violencias sexuales, torturas y persecución contra mujeres, menores y personas LGBTIQ+.
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las Farc por violencias sexuales, torturas y persecución contra mujeres, menores y personas LGBTIQ+.
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743 víctimas, entre ellas 272 menores de edad, respaldan una de las investigaciones más estremecedoras sobre los abusos cometidos por las extintas Farc-EP. Violaciones, esclavitud sexual, torturas, asesinatos y persecución contra mujeres y población LGBTIQ+ hacen parte del expediente. Ninguno de los 11 excomandantes había pagado cárcel por estos delitos.
La guerra de las Farc-EP contra sus adversarios no fue la única violencia que ejercieron sus integrantes. También hubo una guerra contra los cuerpos, la dignidad y la libertad de cientos de civiles, especialmente mujeres, niñas y personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Así lo acaba de establecer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes de esa organización guerrillera.
El expediente es estremecedor: 743 víctimas acreditadas, de las cuales 573 son mujeres, incluidas 18 trans; 81 son hombres, seis de ellos trans, y 272 eran menores de edad cuando padecieron los hechos. Los testimonios describen violaciones, esclavitud sexual, torturas, homicidios, desplazamientos forzados y agresiones utilizadas para castigar, someter o expulsar a quienes no obedecían las normas impuestas por las armas.
La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, identificó dos grandes patrones criminales: violencia sexual contra mujeres y niñas por el hecho de serlo, y persecución contra personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. La JEP también documentó agresiones sexuales utilizadas como castigo contra civiles señalados de colaborar con el Ejército, desobedecer órdenes guerrilleras o resistirse a las extorsiones y al reclutamiento.
Entre los relatos aparecen niñas de apenas 12 años sometidas a violaciones y esclavitud sexual, mujeres amenazadas con la muerte de sus hijos si denunciaban a sus agresores y personas de la comunidad LGBTIQ+ expulsadas de sus territorios bajo amenazas de muerte. En algunos casos, la violencia se prolongó durante años y destruyó familias, negocios y proyectos de vida.
Los 11 antiguos comandantes señalados pertenecieron a los bloques Sur, Oriental, Noroccidental, Occidental y al Comando Conjunto Central. Entre ellos figuran Fabián Ramírez, Martín Corena, Albeiro Córdoba, Alberto Pitufo, Arquímedes, Isaías Trujillo, Anderson, Marlon, Donald, Javier Guzmán y Ricardo el Pija.
La responsabilidad que les atribuye la JEP no es exclusivamente por haber ejecutado directamente los abusos. También comprende su papel como máximos responsables de estructuras armadas cuyos integrantes cometieron estos crímenes y frente a los cuales, según la investigación, no se previnieron, investigaron ni sancionaron adecuadamente las agresiones.
El escándalo adquiere otra dimensión al conocerse que, de los 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc-EP que llegaron a la justicia ordinaria, el 91 % nunca alcanzó juicio y el 78 % ni siquiera superó las etapas iniciales de investigación. Más grave aún: ninguno de los 11 comparecientes había estado en prisión por estos delitos.
Ahora tendrán 20 días hábiles para responder si reconocen o rechazan los hechos y las responsabilidades que les atribuye la Jurisdicción. Si aceptan, podrían enfrentar sanciones propias de la justicia transicional, con restricciones efectivas de derechos y libertad, pero sin cárcel. Si niegan su responsabilidad, el expediente podría pasar a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde una eventual condena podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
La decisión deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cuántas víctimas tuvieron que guardar silencio durante décadas mientras sus agresores seguían sin responder por sus crímenes? Para las 743 personas que hicieron posible esta investigación, la verdad comienza a abrirse paso. Pero el reconocimiento de los hechos, la reparación y la justicia todavía están pendientes.
La guerrilla que decía combatir por el pueblo tendrá ahora que responder ante la justicia por las atrocidades cometidas contra civiles indefensos. Esta vez, las víctimas hablaron y sus testimonios quedaron en el expediente.