Jueza ordenó a Angie Rodríguez retractarse de sus acusaciones contra Laura Sarabia en un plazo de 48 horas

Una jueza de la República ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), retractarse públicamente de las acusaciones que formuló contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. La decisión se produjo tras conceder una acción de tutela presentada por la defensa de la exfuncionaria, al considerar afectados sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

La determinación fue confirmada por la abogada Lina Sandoval Echavarría, representante jurídica de Sarabia, quien informó sobre el fallo a través de su cuenta en la red social X.

“Hoy un juez de tutela nos dio la razón. La juez le ordenó a Angie Rodríguez retractarse sobre una serie de afirmaciones que hizo en contra de Laura Sarabia. No todo vale en el debate público. Acusar sin fundamento tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley”, manifestó la penalista.

De acuerdo con la información divulgada por la defensa, la decisión judicial establece un plazo de 48 horas, contado a partir de la notificación formal de la sentencia, para que Rodríguez cumpla con la retractación.

¿Cómo deberá realizarse la retractación?

El fallo establece que la exdirectora del Dapre deberá firmar un texto previamente determinado por el despacho judicial y leerlo íntegramente con su propia voz mediante una grabación de video.

La diligencia podrá realizarse sin que Rodríguez tenga que mostrar su rostro y contará con asistencia técnica para su elaboración.

La orden judicial está relacionada específicamente con los señalamientos de Rodríguez sobre una supuesta organización o facilitación de encuentros íntimos para el presidente Gustavo Petro, así como el presunto uso de información personal para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar nombramientos en altos cargos del Estado.

Con esta decisión de tutela, la justicia amparó los derechos invocados por Sarabia frente a las afirmaciones divulgadas públicamente por la exdirectora del Dapre.

El caso representa un nuevo capítulo en las controversias que han rodeado a dos exfuncionarias del Gobierno nacional y pone nuevamente en discusión los límites de las declaraciones públicas cuando involucran acusaciones que pueden afectar la honra y el buen nombre de otras personas.