Hallan rastros de cocaína y químicos del narcotráfico en el agua potable de ciudades colombianas

Un informe internacional volvió a encender las alarmas sobre el impacto ambiental del narcotráfico en Colombia. El estudio denominado Contaminación Invisible, elaborado por el Center for a Secure Free Society (SFS), reveló la presencia de trazas de cocaína y residuos químicos asociados a la producción de droga en sistemas de agua que abastecen a varias ciudades del país, lo que genera preocupación por las posibles consecuencias para la salud pública, los ecosistemas y la producción agrícola.

La investigación, desarrollada con apoyo científico de la Universidad de La Sabana, analizó muestras recolectadas entre finales de 2025 e inicios de 2026 en doce ciudades colombianas. Según el documento, las zonas estudiadas representan aproximadamente 17 millones de habitantes, es decir, cerca del 32% de la población nacional.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe indica que se detectaron trazas de cocaína en agua del grifo en ciudades como Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, mientras que en Cali se hallaron residuos en el agua que ingresa al sistema de tratamiento. En total, las ciudades donde se encontraron estas sustancias reúnen más de 11 millones de habitantes.

Además de la cocaína, los análisis identificaron químicos utilizados frecuentemente en la producción ilícita de estupefacientes, entre ellos amoníaco, gasolina, diésel, metanol y acetona. De acuerdo con el estudio, estos residuos serían consecuencia directa de los laboratorios clandestinos instalados en zonas cocaleras, donde las sustancias terminan vertidas sobre suelos, quebradas y ríos.

El informe advierte que, aunque las concentraciones detectadas en el agua potable son mínimas, el hecho de que las sustancias permanezcan presentes incluso después de procesos de potabilización evidencia un fenómeno de contaminación mucho más amplio y persistente.

Para los investigadores, lo que aparece en el agua potable sería apenas una “huella residual” de un problema ambiental mayor que se desarrolla aguas arriba en regiones donde operan economías ilegales vinculadas al narcotráfico.

Según el documento, la producción de un kilogramo de cocaína requiere el uso de grandes cantidades de combustibles y químicos industriales. Estos insumos, en gran parte, terminan liberados en ecosistemas estratégicos del país, afectando fuentes hídricas y generando impactos acumulativos sobre el ambiente.

La investigación también plantea posibles riesgos para el sector agrícola colombiano. El informe señala que algunos compuestos químicos presentes en el agua podrían alterar procesos biológicos de los cultivos, afectar la germinación de plantas y degradar la calidad de los suelos.

SFS advierte además que Colombia registra uno de los niveles más altos de uso de fertilizantes por hectárea en América Latina, lo que aumentaría la vulnerabilidad del sistema agrícola frente a alteraciones químicas en las fuentes de agua.

Otro de los puntos analizados en el estudio es la dimensión internacional del problema. El informe sostiene que la producción de cocaína depende de una red global de comercialización de sustancias químicas y precursores industriales que terminan desviados hacia organizaciones criminales mediante rutas ilegales y empresas fachada.

En ese contexto, el documento menciona que parte de esos insumos provendrían de mercados internacionales de químicos industriales, especialmente desde Asia, aunque aclara que el tráfico y desvío de estas sustancias involucra múltiples intermediarios y redes clandestinas.

La organización insiste en que el narcotráfico no solo debe analizarse desde la perspectiva de seguridad y criminalidad, sino también como una amenaza ambiental y sanitaria de gran escala.

El informe concluye que los efectos de la economía ilícita de la cocaína podrían extenderse mucho más allá de las regiones productoras, alcanzando centros urbanos, sistemas de abastecimiento de agua y cadenas agrícolas que dependen de fuentes hídricas contaminadas.

Ante estos hallazgos, expertos insisten en la necesidad de fortalecer el monitoreo ambiental, mejorar los controles sobre sustancias químicas y avanzar en estrategias integrales que permitan reducir el impacto ecológico y sanitario derivado de las economías ilegales en Colombia.