Gobierno dio luz verde a Plan de aspersión con glifosato en Putumayo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecta retomar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito mediante un plan piloto con glufosinato de amonio, una estrategia que actualmente permanece suspendida por orden judicial mientras se acreditan requisitos ambientales, sanitarios y de participación.

La Resolución 0007 de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, contempla una prueba controlada y evaluable durante siete días, con un área máxima de 1.000 hectáreas. El objetivo del Gobierno es utilizar los resultados para evaluar una eventual ampliación de la estrategia a otras regiones del país.

El piloto está proyectado para Putumayo, departamento donde fueron identificadas 40.565 hectáreas de coca. Sin embargo, las restricciones establecidas para la intervención reducen considerablemente el territorio que podría ser objeto de aspersión.

Los nueve municipios incluidos

Las áreas potencialmente disponibles se encuentran distribuidas en nueve municipios. Puerto Asís concentra 1.647 hectáreas; Orito, 1.111; Puerto Guzmán, 799; Valle del Guamuez, 787; Puerto Caicedo, 571; Villagarzón, 267; Leguízamo, 161; San Miguel, 38, y Mocoa, 22.

La planificación excluye áreas protegidas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, territorios vinculados a programas de sustitución de cultivos, centros poblados y otros espacios sujetos a restricciones. Según la información suministrada por el Gobierno, solo 5.401 hectáreas de las detectadas en Putumayo podrían ser consideradas para una eventual intervención, aunque el piloto tendría un límite de 1.000 hectáreas.

El plan, sin embargo, no ha podido comenzar. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ordenó el 22 de septiembre suspender las actividades autorizadas por la resolución hasta que las entidades responsables acrediten de manera integral el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa.

El Ministerio de Justicia impugnó la decisión y sostuvo que el piloto aún no había comenzado y que permanecían pendientes trámites ante entidades como la ANLA, la Aeronáutica Civil y la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

La controversia continuará en la jurisdicción administrativa, mientras se define si el plan puede avanzar bajo las condiciones establecidas en la Resolución 0007.