Gerente de Metrolínea y Alcalde de Floridablanca fueron multados
Tres funcionarios fueron sancionados por desacato tras comprobarse que el portal Papi Quiero Piña sigue abandonado, sin vigilancia y expuesto a hurtos.
Tres funcionarios fueron sancionados por desacato tras comprobarse que el portal Papi Quiero Piña sigue abandonado, sin vigilancia y expuesto a hurtos.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Abandono y falta de vigilancia del portal Papi Quiero Piña les pasó factura
La providencia concluyó que las condiciones que motivaron las medidas cautelares persistían. Hasta ahora, Metrolínea y la Alcaldía de Floridablanca no han emitido pronunciamientos sobre la sanción.
El abandono del Portal Papi Quiero Piña, en Floridablanca, les costó a tres funcionarios una sanción judicial por desacato, luego de que una inspección confirmara que el inmueble continúa expuesto a ingresos no autorizados, hurtos y deterioro.
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga impuso tres salarios mínimos legales vigentes a Emiro José Castro Meza, Gerente de Metrolínea; José Fernando Sánchez Carvajal, Alcalde de Floridablanca y a Andrés Ernesto Puentes Parra, Subcomandante de la Policía en ese municipio.
La decisión se originó en una acción presentada por Marco Antonio Velásquez, quien advirtió afectaciones a derechos colectivos relacionados con la seguridad pública, la salubridad, el ambiente sano, la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público. El portal permanece inconcluso desde 2012.
Sustracción de elementos
En diciembre de 2025, el despacho judicial ordenó medidas cautelares para impedir el acceso al inmueble, ejecutar labores de poda y establecer vigilancia permanente, durante las 24 horas.
En enero de 2026, el juzgado aceptó de forma parcial una solicitud de Metrolínea para que la Alcaldía de Floridablanca asumiera decisiones sobre la seguridad del lugar.
Sin embargo, una inspección técnica del 5 de agosto confirmó el incumplimiento. El informe señaló ausencia de portones, cerrojos, vigilancia privada y señalización suficiente. También estableció que peatones y vehículos podían ingresar desde las vías públicas.
El despacho además constató ocupación no autorizada y la sustracción de elementos metálicos, entre ellos formaletas, parales, tacos y alambres. La orden judicial buscó proteger el inmueble y evitar nuevos riesgos para la seguridad y el patrimonio público del municipio.
