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Funcionaria del CTI habría asesinado a su esposo y tratado de hacerlo pasar por un suicidio

Fiscalía imputó a una funcionaria del CTI por el presunto homicidio de su esposo en Barranquilla, tras hallazgos forenses que descartaron el suicidio como primera hipótesis.

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La muerte de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, un empleado del Tribunal Superior de Barranquilla, que inicialmente fue investigada como un posible suicidio, tomó un nuevo rumbo luego de que los investigadores encontraran elementos que apuntarían a un homicidio.

Por el caso, la Fiscalía imputó a Chirley Hernández Rojas, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y esposa de la víctima, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. La mujer no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2026 en un apartamento del conjunto Catedral Plaza, en Barranquilla. En un comienzo, la versión entregada por Hernández indicaba que su esposo había llegado a la vivienda en estado de embriaguez, se había quedado en la sala viendo televisión y tomando cerveza y posteriormente uno de sus hijos la despertó para informarle que el hombre se había disparado.

La escena y la posición del arma junto al cuerpo llevaron inicialmente a considerar la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, los resultados de las pruebas forenses llevaron a los investigadores a reconsiderar esa hipótesis.

Tres heridas de bala

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia de imputación, la necropsia estableció que Avendaño Carrillo tenía tres impactos de arma de fuego: uno en la cabeza, otro en el tórax y uno más en el antebrazo izquierdo.

Para los médicos forenses, algunas de las características de las heridas no correspondían con un patrón típico de suicidio. La lesión localizada en el antebrazo, de acuerdo con el análisis citado por la Fiscalía, podía corresponder a una herida de carácter defensivo.

Además, el disparo que recibió en la cabeza no presentaba características propias de un disparo realizado por contacto o a muy corta distancia.

La Fiscalía señaló que estos hallazgos llevaron a considerar una posible etiología homicida y debilitaron la versión inicial sobre un suicidio.

Otro elemento incorporado a la investigación fue el análisis de residuos de disparo. En las muestras tomadas de las manos y la ropa de Hernández Rojas fueron encontradas partículas metálicas asociadas con disparos.

Los videos y la reconstrucción de los hechos

La investigación también incluyó la revisión de cámaras de seguridad del conjunto residencial. Las grabaciones permitieron reconstruir los movimientos de Avendaño y de las personas que se encontraban en el inmueble antes y después del hecho.

Según la Fiscalía, dentro del apartamento estaban únicamente la víctima, su esposa y los dos hijos de la pareja. Los investigadores no encontraron evidencia de que un tercero hubiera ingresado al lugar.

Para el ente acusador, esta información, sumada a los resultados de la necropsia, los análisis del arma y las demás pruebas recopiladas, permitió establecer una hipótesis diferente a la que inicialmente se manejó.

La Fiscalía sostuvo que la explicación entregada por la procesada perdió sustento frente a los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación.

La víctima trabajaba en el Tribunal Superior

Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo tenía 52 años y se desempeñaba como citador de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

De acuerdo con la versión que habría entregado su esposa a los investigadores, el hombre atravesaba dificultades personales y laborales. También se mencionaron supuestos inconvenientes relacionados con postulados o desmovilizados de las AUC, un proceso de embargo de alimentos, problemas de sueño y un tratamiento con medicamentos recomendados por profesionales de salud mental.

Estos antecedentes habrían sido utilizados inicialmente para respaldar la posibilidad de que Avendaño hubiera tomado la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, para la Fiscalía, los hallazgos forenses y las demás pruebas recopiladas apuntan hacia una hipótesis diferente.

El ente investigador también sostuvo que la víctima se encontraba presuntamente en estado de indefensión debido al consumo de alcohol al momento de los hechos.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Hernández Rojas continuó este jueves 27 de agosto. La Fiscalía pidió que la mujer fuera enviada a prisión al considerar que representa un peligro para la sociedad.

Mientras avanza el proceso judicial, la funcionaria mantiene su posición de inocencia. Será un juez de la República quien determine su responsabilidad penal con base en las pruebas que sean presentadas durante el proceso.