Francia prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales, una medida que entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre y que busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.

La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, fue aprobada de manera definitiva por el Senado y la Asamblea Nacional. La normativa establece que los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en plataformas sociales y concede a las empresas un plazo de cuatro meses para eliminar los perfiles ya existentes e implementar sistemas de verificación de edad avalados por el regulador francés de protección de datos.

El Gobierno francés pretende que la medida esté plenamente vigente con el inicio del próximo año escolar, aunque su aplicación podría retrasarse si es sometida a revisión constitucional.

La ley también amplía las restricciones al uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias y excluye de su alcance a las enciclopedias en línea y plataformas con fines educativos o científicos.

Las autoridades justificaron la decisión con base en estudios que evidencian el creciente uso de redes sociales entre adolescentes. Según datos del organismo de vigilancia sanitaria de Francia, uno de cada dos jóvenes pasa entre dos y cinco horas diarias frente a un teléfono inteligente. Además, el 90 % de los adolescentes entre 12 y 17 años accede a internet todos los días desde estos dispositivos y el 58 % utiliza principalmente las redes sociales.

El informe también advierte sobre los efectos negativos asociados al uso intensivo de estas plataformas, entre ellos problemas de autoestima y la exposición a contenidos relacionados con autolesiones, consumo de drogas y suicidio. En ese contexto, varias familias francesas han presentado demandas contra TikTok al considerar que ciertos contenidos publicados en la plataforma estuvieron relacionados con el suicidio de adolescentes.

Mientras organizaciones de protección a la infancia y asociaciones de padres respaldaron la decisión, algunos sectores políticos cuestionaron la constitucionalidad y la viabilidad técnica de la norma, al considerar que podría afectar el anonimato en internet y presentar dificultades para identificar y eliminar las cuentas de menores.

Las principales empresas tecnológicas reiteraron que cuentan con herramientas propias para proteger a los usuarios jóvenes, aunque manifestaron que cumplirán las disposiciones legales una vez entren en vigor. Entretanto, la Comisión Europea analizará si la legislación francesa se ajusta al marco jurídico comunitario.