Formalizar es la clave para evitar que la minería tradicional genere impactos negativos en Santurbán

El Ministerio Público puso en marcha una mesa interinstitucional para vigilar el cumplimiento de la estrategia nacional contra la extracción ilícita de minerales. En Santander, la atención se concentra en la protección del páramo de Santurbán, la recuperación de las zonas degradadas y el control de las explotaciones que amenazan las fuentes de agua de Soto Norte.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La lucha contra la minería ilegal y la contaminación por mercurio volvió a la agenda de la Procuraduría General de la Nación, en un momento en el que la protección de los ecosistemas estratégicos de Colombia exige resultados concretos en los territorios. Para Santander, el llamado tiene una importancia particular: el páramo de Santurbán y su entorno minero representan uno de los escenarios donde la defensa del agua, la actividad económica y el control de las explotaciones ilícitas se encuentran en permanente tensión.

El 3 de octubre de 2026, la Procuraduría convocó e instaló una mesa interinstitucional para hacer seguimiento a la Circular 003 de 2024, mediante la cual se estableció la estrategia nacional para el control de la minería ilegal y la contaminación por mercurio. La iniciativa comprende 22 exhortos dirigidos a más de 25 entidades estatales y busca que las instituciones responsables coordinen sus actuaciones y demuestren avances verificables.

En la reunión participaron los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Minería y la Fiscalía General de la Nación, a través de su dependencia especializada en delitos contra los recursos naturales y el medioambiente.

Aunque la Procuraduría presentó como casos críticos de seguimiento los del río Quito, en Chocó; el Bajo Cauca antioqueño, y el río Puré, en Amazonas, las medidas discutidas también resultan relevantes para Santander, donde la actividad minera requiere controles diferenciados entre las explotaciones legales, los procesos de formalización y las operaciones que se desarrollan al margen de la ley.

La preocupación en Santander se concentra especialmente en municipios de Soto Norte como California, Vetas y Suratá, donde la minería aurífera tiene una larga tradición y donde confluyen ecosistemas de alta montaña, intereses económicos, comunidades mineras y exigencias de protección ambiental.

Durante la mesa interinstitucional, las entidades presentaron avances de la estrategia nacional. Entre ellos se destacó el Decreto 1035 de 2024, que amplió las competencias de las Fuerzas Militares para la destrucción de maquinaria empleada en minería ilegal bajo las condiciones previstas en la normativa; la incautación de 1.326 kilogramos de mercurio en el puerto de Cartagena, y la reglamentación de la licencia ambiental temporal asociada a la formalización minera.

También se informó sobre el avance de una regulación de vertimientos al suelo que prohibirá la disposición de mercurio y sobre la Estrategia de Gestión de Pasivos Ambientales, orientada a enfrentar daños que persisten incluso después de que cesan las actividades que los ocasionaron.

Estas herramientas plantean una tarea concreta para las autoridades de Santander: fortalecer los operativos de inspección, cruzar la información minera y ambiental, verificar el origen de los minerales y actuar frente a la maquinaria, los insumos y las explotaciones vinculadas con actividades ilícitas.

La coordinación deberá involucrar, según sus competencias, a las autoridades mineras y ambientales, la Fiscalía, la Fuerza Pública, las administraciones municipales y los organismos de control. En el departamento, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) tienen responsabilidades ambientales en sus respectivas jurisdicciones, mientras que la autoridad ambiental competente debe determinar las actuaciones aplicables en cada zona intervenida.

La formalización también es decisiva. Distinguir a los pequeños mineros que buscan ajustarse a la ley de las estructuras que explotan recursos de manera ilícita permite orientar la asistencia técnica y los procesos de regularización, sin convertir la formalización en una vía para legalizar daños ambientales o encubrir operaciones criminales.

Estas cifras muestran la velocidad con la que puede avanzar la degradación ambiental cuando las instituciones no consiguen contener las explotaciones. Sin embargo, no corresponden a Santurbán ni deben trasladarse estadísticamente a Santander: para establecer la magnitud del problema en el departamento se necesitan mediciones territoriales específicas y actualizadas.

En el caso santandereano, una evaluación rigurosa debe identificar las áreas afectadas por explotaciones sin título o sin los permisos exigibles, las bocaminas abandonadas, los vertimientos, los depósitos de residuos y los posibles focos de contaminación por mercurio. También debe precisar qué zonas requieren restauración y cuáles presentan riesgos para las fuentes abastecedoras de acueductos y los ecosistemas de alta montaña.

La delimitación y protección del páramo constituyen, además, un asunto distinto, aunque relacionado. La existencia de títulos mineros, las obligaciones ambientales, las restricciones aplicables al ecosistema y las decisiones administrativas o judiciales deben examinarse caso por caso. No toda minería en Soto Norte es ilegal, pero ninguna tradición económica exime a los operadores del cumplimiento de la ley.