Fiscalía vincula fabricante de preservativos al caso Lili Pink por presunto lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación amplió la investigación por el denominado caso Lili Pink al vincular a la empresa Unique International S.A.S., dedicada formalmente a la fabricación de preservativos masculinos, como una de las sociedades que, presuntamente, habría sido utilizada para facilitar operaciones de contrabando y lavado de activos.

Durante una audiencia de imputación, el ente acusador expuso que, aunque la compañía tenía un objeto social distinto al de las empresas dedicadas a la comercialización de textiles, hacía parte del mismo entramado empresarial creado para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas.

Según la Fiscalía, Unique International S.A.S. compartía la misma dirección registrada por las sociedades Pinklife S.A.S. y FAS Moda S.A.S., situación que permitió establecer un patrón de domicilios comunes utilizado para dificultar la trazabilidad de las operaciones comerciales y financieras.

La investigación también evidenció que, durante procedimientos adelantados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron halladas mercancías de FAS Moda S.A.S. bajo custodia de Unique International S.A.S., sin documentación que justificara esa relación comercial.

De acuerdo con el expediente, la empresa fue constituida en 2015 por Jonathan Villamil Soler, quien posteriormente cedió la representación legal a David Max Abadi Omsani y luego a Max Marvin Abadi Arari, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos líderes de la organización investigada.

Las autoridades sostienen que la empresa reportaba operaciones de importación y exportación, además de pasivos y cuentas por cobrar con otras sociedades del grupo, pese a que no contaba con capacidad operativa ni financiera que respaldara dichos movimientos.

Como parte de la investigación, la DIAN decomisó mercancía valorada en más de 149 millones de pesos e identificó inconsistencias en declaraciones de importación, remisiones manuscritas, espacios en blanco y sobreetiquetado de productos, elementos que, según la Fiscalía, dificultaban establecer el origen y destino real de la mercancía.

El ente investigador aseguró que la estructura utilizó empresas de papel para simular relaciones comerciales, justificar movimientos de dinero y respaldar operaciones contables ficticias. Entre las modalidades detectadas figuran la creación de obligaciones cruzadas entre sociedades del mismo grupo, transferencias bancarias sin sustento financiero y el uso de representantes legales sin capacidad de decisión.

La Fiscalía imputó cargos a ocho personas, entre ellas Max Marvin Abadi Arari, David Max Abadi Omsani, Jonathan Villamil Soler y otros presuntos integrantes de la organización. Asimismo, solicitó medidas restrictivas de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

El caso continúa en investigación y la Fiscalía no descarta nuevas imputaciones ni la vinculación de otras empresas que, presuntamente, habrían sido utilizadas como fachada para actividades de contrabando y lavado de activos.