Fiscalía ocupa bienes de Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre varios bienes del cantante colombiano Charlie Zaa, valorados en más de 45.000 millones de pesos, dentro de un proceso de extinción de dominio por su presunto origen ilícito.

La decisión fue adoptada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que en primera instancia ordenó las medidas sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

De acuerdo con la Fiscalía, las propiedades habrían sido adquiridas hace más de dos décadas con recursos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La investigación señala que el entonces cabecilla paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, conocido con el alias de "Daniel", habría utilizado terceros para realizar inversiones y movimientos financieros con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que esos activos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Durante la investigación, el ente acusador adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, peritajes contables y recopiló pruebas testimoniales que, según indicó, permitieron reconstruir la trazabilidad de los bienes y establecer que harían parte del entramado patrimonial presuntamente relacionado con la organización armada ilegal.

Tras la decisión judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación de las propiedades, las cuales serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas, mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía aclaró que la decisión corresponde a una medida cautelar dentro del proceso y no constituye un fallo definitivo sobre la propiedad de los bienes. Asimismo, precisó que la determinación del Tribunal Superior de Bogotá es de primera instancia y que contra ella proceden los recursos previstos por la ley.

El proceso continuará en las siguientes etapas judiciales, donde se determinará si los inmuebles pasan de manera definitiva al Estado o si las medidas son revocadas conforme a las pruebas y argumentos que presenten las partes involucradas.