Fiscalía judicializa a funcionario de la Registraduría por presunta exigencia de $100 millones a una excandidata al Congreso

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), señalado de presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecer su aspiración política en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

De acuerdo con el ente investigador, el funcionario habría ofrecido garantizar cerca de mil votos para la campaña de la entonces aspirante al Senado Ana Cristina Muñoz, del Frente Amplio Unitario, a cambio del pago de esa suma de dinero.

Las investigaciones establecieron que el primer acercamiento ocurrió el 25 de febrero, cuando Mendoza Soto habría contactado a la candidata y solicitado una reunión en su residencia para plantearle la propuesta. Posteriormente, en un segundo encuentro realizado en una cafetería de Montería, reiteró la exigencia económica y aseguró tener la capacidad de manipular los resultados electorales para cumplir con lo prometido.

Por estos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía le imputó el delito de concusión. No obstante, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia.

La denuncia de la excandidata

El caso salió a la luz el 10 de marzo de 2026, cuando Ana Cristina Muñoz reveló que había denunciado a un funcionario de la Registraduría por ofrecerle votos a cambio de dinero. La exaspirante aseguró que sostuvo dos reuniones con el señalado y que cuenta con grabaciones y fotografías que respaldan su denuncia.

"Tengo una grabación y fotos de las reuniones en las que me citó para pedirme plata a cambio de votos", manifestó en su momento.

Tras conocerse los hechos, Muñoz viajó a Bogotá para reunirse con el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó la denuncia como un hecho grave y anunció que las evidencias serían entregadas a la Fiscalía para avanzar en la investigación.

La excandidata también denunció que, luego de hacer público el caso, comenzó a recibir amenazas en Córdoba y presentó una segunda denuncia relacionada con presuntos delitos electorales, al señalar que los votos prometidos nunca se reflejaron en el escrutinio oficial, en el que obtuvo 622 sufragios.

Funcionario temporal de la Registraduría

La investigación permitió establecer que Mendoza Soto no era registrador, como inicialmente se informó, sino un supernumerario contratado temporalmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil entre el 3 y el 12 de marzo, como parte del personal de apoyo para la organización de las elecciones legislativas.

El procesado aseguró que fue la candidata quien inicialmente lo contactó tras conocerse en un evento político en Montería y negó haber realizado la exigencia de dinero en los términos señalados por la Fiscalía. Entretanto, el proceso judicial continuará para determinar su eventual responsabilidad en los hechos.