Exdirector del DAS José Miguel Narváez sentenciado por el secuestro de Piedad Córdoba

La justicia estableció que Narváez determinó el plagio y entregó a Carlos Castaño información de inteligencia obtenida sobre Córdoba.

La condena por el secuestro de Piedad Córdoba acaba de quedar en firme y vuelve a poner sobre la mesa el nombre de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Este lunes, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia de 28 años de prisión contra Narváez por su responsabilidad como determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora, ocurrido el 21 de mayo de 1999.

La decisión cierra otro capítulo judicial de una historia que comenzó a finales de los años noventa y que tiene como escenario los aparatos de inteligencia del Estado y como protagonistas a funcionarios del DAS (hoy Dirección Nacional de Inteligencia, DNI), estructuras paramilitares, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.

En el caso de Córdoba, el tribunal encontró acreditado el vínculo de Narváez con el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, y su participación en la decisión de secuestrar a la congresista. Pero la condena conocida este lunes no es un episodio aislado.

Se suma a otras decisiones judiciales que, durante los últimos años, han establecido responsabilidades de Narváez en hechos que van desde el asesinato de Jaime Garzón hasta las interceptaciones ilegales del G-3 y la tortura psicológica de la periodista Claudia Julieta Duque.

Piedad Córdoba: información de inteligencia y un secuestro

Veintisiete años después del secuestro de Piedad Córdoba, la justicia dejó en firme la condena contra José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido DAS, por haber sido determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora.

El Tribunal Superior de Medellín confirmó este lunes la pena de 28 años de prisión que le había impuesto en octubre de 2025 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín. También mantuvo la inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas. El fallo de segunda instancia confirmó la sentencia del 6 de octubre de 2025.

En ella, la jueza Claudia Castro concluyó que Narváez tuvo un papel determinante en el plagio y que utilizó información obtenida desde el DAS para alimentar la operación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra la congresista.

La primera instancia, además, declaró que los hechos constituían un delito de lesa humanidad.

La tesis judicial es particularmente grave: Narváez no fue señalado como uno de los hombres que llegó armado a llevarse a Córdoba, sino como el hombre que, desde una posición ligada a los organismos de inteligencia y a partir de sus vínculos con la estructura paramilitar, habría suministrado información y promovido la decisión de secuestrarla.

Según la Fiscalía, durante la investigación se estableció que Narváez visitó a Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las AUC, y le planteó la retención —e incluso el asesinato— de Córdoba, bajo la acusación de que colaboraba con el ELN.

Para sustentar esa acusación, habría entregado información clasificada obtenida por el DAS. La jueza Castro reconstruyó esa conducta como una actuación dirigida a “inducir, promover y determinar” el secuestro de la congresista.

De acuerdo con el fallo, Narváez mantenía vínculos ideológicos y operativos con Castaño y puso información obtenida mediante interceptaciones telefónicas al servicio de la estructura paramilitar.

El origen de esa información también resulta central en la sentencia. Desde el DAS se habían interceptado conversaciones de Córdoba, en el marco de sus gestiones humanitarias y de paz, como trascendió en su momento, con integrantes del ELN.

Esos datos, según la decisión judicial, terminaron en manos de las AUC y fueron utilizados para construir el señalamiento que posteriormente sirvió de argumento para justificar su secuestro.

La operación ocurrió el 21 de mayo de 1999. Córdoba había acudido a una cita médica en Medellín. Allí aparecieron varios hombres vestidos con uniformes que aparentaban pertenecer al CTI de la Fiscalía.

La apariencia institucional era parte del engaño. Los hombres no eran funcionarios judiciales. De acuerdo con la reconstrucción del caso, eran integrantes de la banda La Terraza, vinculada a las AUC.

Se llevaron a la congresista y posteriormente la trasladaron hasta un campamento paramilitar. Córdoba permaneció privada de la libertad durante cerca de dos semanas. Fue liberada a comienzos de junio de 1999, después de permanecer en poder de la estructura paramilitar.

El fallo representa, además, una nueva condena contra quien ocupó cargos de dirección dentro del DAS y que ya había sido responsabilizado judicialmente por otros hechos ocurridos en el marco de las operaciones de inteligencia de esa entidad. La historia, sin embargo, se remonta al mismo año en que Córdoba fue secuestrada.

Narváez fue condenado por el crimen de Jaime Garzón

El 13 de agosto de 1999, Jaime Garzón fue asesinado en Bogotá. El humorista y periodista recibió cinco disparos cuando se movilizaba por el sector de Quinta Paredes.

La investigación terminó estableciendo la participación de Carlos Castaño y de integrantes de la banda La Terraza. La Fiscalía también vinculó a José Miguel Narváez como determinador del homicidio.

En 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Narváez como determinador del homicidio agravado.

Inicialmente impuso una pena de 30 años. Un año después, el Tribunal Superior de Bogotá redujo la condena a 26 años y tres meses, al retirar una circunstancia de agravación que no había sido incluida en la acusación.

La Corte Suprema de Justicia inadmitió posteriormente el recurso de casación, con lo que la condena quedó en firme.

La sentencia estableció que información relacionada con los supuestos vínculos de Garzón con grupos guerrilleros llegó a Carlos Castaño a través de personas vinculadas a labores de inteligencia. Esa información terminó siendo utilizada dentro de la estructura que decidió asesinar al periodista.

Del seguimiento al periodista a la persecución de Claudia Julieta Duque

El expediente de Garzón sería, además, el punto de partida para otra persecución: la que sufrió la periodista Claudia Julieta Duque.

Duque investigó durante años el asesinato de Garzón y el posible papel de agentes estatales en la desviación de las pesquisas.

En medio de esas investigaciones comenzó una cadena de seguimientos, amenazas y hostigamientos que terminaría convirtiéndose en uno de los casos más graves atribuidos al aparato de inteligencia del DAS.

En agosto de 2024, el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá condenó a Narváez a 12 años y seis meses de prisión por tortura agravada continuada contra Duque.

Los hechos juzgados correspondieron principalmente al periodo comprendido entre julio de 2001 y diciembre de 2004. La decisión calificó la conducta como tortura y la consideró un delito de lesa humanidad.

La sentencia reconstruyó cómo las labores de inteligencia terminaron dirigidas contra la periodista y cómo los seguimientos, amenazas e intimidaciones tuvieron como propósito, según el fallo, amedrentarla y tomar represalias por sus investigaciones sobre el asesinato de Garzón.

Una decisión posterior determinó que las intimidaciones psicológicas eran suficientes para configurar el delito de tortura.

En ese proceso también se ordenó compulsar copias para investigar la eventual responsabilidad de otros funcionarios. Entre esas decisiones estuvo la remisión de información relacionada con el entonces presidente Álvaro Uribe.

Entre 2003 y 2004, Narváez ocupó la subdirección del DAS y estuvo relacionado con el denominado Grupo Especial de Inteligencia 3, G-3, una estructura desde la cual se realizaron labores de inteligencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y personas consideradas opositoras.

La investigación judicial estableció que las operaciones incluyeron seguimientos e interceptaciones ilegales. Entre los objetivos estuvieron organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otros sectores de derechos humanos, además de periodistas y dirigentes políticos.

Una providencia de la Rama Judicial señala que Narváez fue delegado para gestionar asuntos relacionados con el G-3 y que las actividades del grupo incluyeron labores de inteligencia, interceptaciones y hostigamientos.

Por este entramado, Narváez fue condenado a ocho años de prisión en 2016 a una pena de prisión relacionada con la violación ilícita de comunicaciones y la utilización ilegal de equipos de transmisión y recepción.

La condena estuvo relacionada con las operaciones de inteligencia desarrolladas por el DAS entre 2003 y 2005.

Así, los expedientes muestran una característica común: información obtenida o producida desde organismos de inteligencia terminó siendo utilizada contra personas y organizaciones que aparecían dentro de los blancos de esas operaciones.