Estos son los exmandatario empapelados con la justicia por no atender a la población de los centros de atención transitoria

Habrían desconocido el respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, que gozan de especial protección por parte del Estado.

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La Procuraduría General de la Nación profirió, en investigaciones diferentes, pliego de cargos contra un exgobernador y tres exalcaldes de ciudades capitales entre 2020 y 2023, quienes al parecer no destinaron las partidas presupuestales necesarias para atender de manera permanente los gastos de los centros de detención transitorios en sus respectivas jurisdicciones. 

En el primer proceso, el pliego de cargos afectó al exgobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y al exalcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, por no brindar el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad -PPL- en la Estación de Policía de la ciudad durante los meses de febrero, agosto y septiembre de 2020, y enero, febrero, marzo y abril de 2021.

El segundo pliego se dictó contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, quien habría omitido incluir en el presupuesto de la ciudad para los años 2021, 2022 y 2023 las partidas para atender los gastos de la Unidad de Reacción Inmediata -URI- y de la Estación de Policía La Permanente Central, los cuales estaban relacionados con la reparación de infraestructura, adecuación de las instalaciones para visitas conyugales y enfermería, compra de kits y elementos de aseo e higiene, así como gastos de remisiones y demás servicios, entre otros. 

En el tercer proceso fue afectado el exmandatario local de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, quien no destinó los recursos necesarios para atender los gastos de los Centros de Atención Transitoria de la ciudad, así como de la Estación de Policía La 19 y las subestaciones de Cotoprix y Camarones para los años 2020, 2021 y 2023. 

Para el órgano de control, en los casos objeto de investigación se habría desconocido el respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad que, por su condición, gozan de especial protección por parte del Estado, derechos frente a los cuales  los mandatarios locales y departamentales están  obligados por disposición legal expresa a realizar las acciones necesarias para cumplir con dicho cometido, entre las que se encuentra la de “contar con el presupuesto para atender los componentes que requieran de atención frente a esta población”.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los cuatro mandatarios locales como una falta grave cometida con culpa grave.