Este viernes arranca debate sobre nuevo impuesto en Santander

Un nuevo impuesto propuesto por el gobierno departamental de Santander ha generado preocupación entre ciudadanos, empresarios y algunos miembros de la Asamblea. Se trata del proyecto de ordenanza número 019 de 2025, que busca crear una tasa para financiar la seguridad y la convivencia ciudadana, y que sería cobrada a través del recibo mensual de energía eléctrica. La medida, impulsada por el gobernador MG (R) Juvenal Díaz Mateus, ya ha sido radicada en la Asamblea Departamental y será discutida este viernes 28 de marzo a las 8:00 de la mañana en su primer debate en la Comisión Primera o de Hacienda.

El diputado Danovis Lozano fue uno de los primeros en pronunciarse frente a la propuesta. Según explicó, esta nueva carga recaería sobre los estratos 3, 4, 5 y 6, así como sobre los usuarios de tipo comercial y residencial. “Este impuesto se cobrará por cada kilovatio consumido. Es decir, entre más energía use un hogar o una empresa, más pagará por este concepto. Lo preocupante es que se aplicará en los 87 municipios del departamento y se sumará a otras cargas como la valorización por el Anillo Vial Externo y la reapertura del peaje de Rionegro”, aseguró.

Lozano advirtió que la acumulación de estos cobros está afectando fuertemente el bolsillo de los santandereanos. “Hay familias que ya están viendo incrementos en los servicios públicos. El gas ha subido, el agua también, y ahora se suma este impuesto por la seguridad. Muchos hogares de clase media que actualmente pagan entre 80 y 100 mil pesos de luz podrían pasar a pagar 120 o 130 mil. Y para los empresarios, la situación no es mejor. Un negocio que hoy paga un millón de pesos por el servicio podría ver incrementos hasta de 300 o 400 mil pesos adicionales al mes”, afirmó.

El diputado también denunció que este tipo de medidas llegan en un momento económico difícil para miles de ciudadanos. “Nos han escrito personas de diferentes municipios, especialmente de Bucaramanga, manifestando su inconformidad. La gente ya no tiene capacidad de pago. Es ‘pague, pague y pague’, y no hay una visión clara de cómo estas contribuciones mejorarán realmente la calidad de vida de las personas. Por eso estamos invitando a la ciudadanía a participar en los debates. El viernes será el primero, y la próxima semana el proyecto pasará a segundo debate en plenaria. Este es el momento para hacerse escuchar”, sostuvo. Para que el proyecto sea aprobado en la Asamblea Departamental, se requieren al menos 9 votos de los 16 diputados.

Además de la afectación directa en el bolsillo de los ciudadanos, otro aspecto que genera preocupación es que el valor de la tasa podría incrementarse cada año, dependiendo de las variaciones económicas. “Hoy pueden cobrar 56 pesos por kilovatio, pero el próximo año podrían ser 70, y luego 90. Así funciona este tipo de tarifas indexadas. La gente debe saber que esto no es una cifra fija, sino que puede ir creciendo”, advirtió Lozano.

Justificación de la propuesta

En defensa del proyecto, el gobernador MG (R) Juvenal Díaz Mateus aseguró que esta medida está respaldada por una ley nacional de 2010 que ya ha sido implementada en otros departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar y Atlántico. “Lo que estamos proponiendo es una tasa legal, temporal y necesaria para mejorar la seguridad en Santander. La seguridad no solo se mide con policías y soldados, también implica tener infraestructura adecuada, cámaras de vigilancia, movilidad para la fuerza pública y escenarios comunitarios que fortalezcan la convivencia”, explicó.

El mandatario regional detalló que los recursos recaudados permitirían, entre otras cosas, dotar de cámaras de seguridad a municipios que las necesitan, mejorar las instalaciones de la fuerza pública, y realizar obras de infraestructura vial. “Con esto podríamos construir intercambiadores como el de Newport, pavimentar calles en zonas industriales y así combatir la inseguridad que se genera en esos espacios. Además, esta inversión dinamizará la economía y generará empleo. Es una apuesta por el desarrollo”, afirmó.

Díaz Mateus también indicó que la intención es exceptuar del cobro a los estratos 1 y 2, y que se está evaluando la exclusión del estrato 3, en respuesta a las preocupaciones de algunos diputados. “Necesitamos el apoyo de quienes más tienen. El aporte de los estratos 4, 5 y 6 será fundamental. Esta tasa será por tres años, y nos permitirá avanzar en proyectos que, de otra manera, serían imposibles de financiar, especialmente ahora que el Gobierno Nacional ha anunciado importantes recortes presupuestales”, dijo.

A pesar de estas justificaciones, el proyecto continúa generando resistencia entre diversos sectores. Organizaciones sociales, líderes comunales y empresarios han comenzado a expresar su rechazo a través de redes sociales y medios locales. La principal crítica gira en torno a la carga económica que representa y al temor de que se convierta en una medida permanente.

La Asamblea Departamental tendrá la última palabra. El debate del viernes será clave para definir el rumbo de este proyecto que, de ser aprobado, se convertiría en un nuevo componente en la factura mensual de energía eléctrica de miles de santandereanos. La controversia está servida y, por ahora, el ambiente político y social en el departamento parece cada vez más polarizado frente a esta propuesta.